En una reunión mantenida entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, y la decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (UNMV), Elizabeth Theiler, se presentaron los resultados de la investigación realizada por el Observatorio del Instituto para conocer el impacto de las políticas desarrolladas por el Ministerio a través de la Unidad de Saneamiento de Títulos en el norte de la provincia. El estudio fue pautado a través de un convenio entre el Ministerio de Justicia y la UNMV, en octubre del 2017.
Dicho estudio se basó en 407 encuestas a integrantes del Registro Personal de Poseedores, de 24 localidades y 7 departamentos. La mayor cantidad de casos provino de los departamentos Cruz del Eje e Ischilín. Este padrón forma parte de los más de 500 grupos familiares que accedieron a su resolución posesoria a través del trabajo de la Unidad Ejecutora en parajes y localidades del norte de la provincia junto a organismos y gobiernos locales, desde el año 2015.
Participaron del encuentro el presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos, Darío Conrado Luna; la coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, Carina Lapasini; la coordinadora del programa destinado a relevar el impacto de la política pública de entrega de resoluciones posesorias, Emilia Schaigorodsky; estudiantes avanzados de la UNVM que trabajaron en el relevamiento; y técnicos de la Unidad Ejecutora.
Resultados de la investigación
El estudio muestra que el 85% de los encuestados utiliza el inmueble registrado como vivienda del titular y su grupo familiar en su mayoría, o de otras personas.
El 83% de los casos lleva más de 10 años habitando los sitios registrados. De ellos, un 69% son los primeros posesores y un 21% es segunda o tercera generación en el inmueble.
Estos resultados señalan que la política de saneamiento de títulos constituye una acción positiva para el reconocimiento de derechos de aquellos grupos familiares que por razones materiales, no estaban en condiciones de acreditarlos.
El impacto indirecto de esta política pública es que el 42% de los casos pudo radicarse en el inmueble, ya sea el titular de la posesión o un familiar; y al 20% le permitió planificar de modo más certero la economía familiar, así como otras actividades laborales.
Un poco más de la mitad de los titulares realizó reformas en el inmueble luego de acceder al registro. De ellas, más de la mitad de las reformas fueron destinadas a la ampliación de la vivienda, seguidas de mejoras en la infraestructura del inmueble. Y un grupo menor de familias pudo comenzar la construcción de la vivienda.
Un promedio del 17% de los casos añadieron servicios luego del ingreso al Registro Personal de Poseedores (20% energía eléctrica, 18% agua, 12% gas).
Más del 90% de los encuestados señaló que la política pública de Saneamiento de Títulos, tiene un alto grado de relevancia; “otorgó tranquilidad y seguridad sobre la posesión”, mencionan. A partir de lo cual se estima que ha sido de gran impacto en sus vidas.