El gobierno de Córdoba dictó el decreto 525, en acuerdo general de ministros, que será girado a la Legislatura, tendiente a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa para todos quienes pisen el territorio de la provincia y ejerzan esas libertades dentro de los límites fijados por la Constitución Nacional, los tratados internacionales que la integran, la Constitución de Córdoba y demás normas que en su consecuencia se han dictado.
Para salvaguardar esta garantía, la normativa dispone con amplitud todo un sistema protectorio que prohíbe cualquier acto y/o acción de cualquier naturaleza y cualquiera sea la autoridad de la que emane, que de manera directa o indirecta restrinja, altere o censure estas libertades.
“La firma de este decreto no sería necesaria en un país normal”, dijo el gobernador José Manuel de la Sota. Y agregó: “Sin prensa independiente, sólo existen la manipulación y la propaganda oficial. Quienes temen a la libertad, se ocupan primero de limitar la libertad de prensa”, manifestó.
La normativa prohíbe además la ejecución de actos administrativos que dispongan la intervención, desapoderamiento, designación de administradores y/o veedores, etc. que de manera directa o indirecta tiendan a restringir o controlar medios de comunicación o su participación social; a la vez que limita las ejecuciones forzosas sobre bienes de periodistas y/o medios de comunicación por deudas derivadas de la actividad de prensa y prohíbe las expropiaciones tanto de los medios de comunicaciones como de las participaciones sociales de éstos, en cuanto a los inmuebles de esos medios se fijan condiciones para su efectivización.
En otro pasaje del mensaje en el que se hizo pública la firma del decreto, el gobernador señaló: “Todos saben que nunca he tenido una prensa adicta. Disentimos y coincidimos, pero la política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carrilles diferentes, y así debe ser en una democracia moderna y en una sociedad libre”, graficó.
La norma que se acaba de suscribir está sustentada en la Constitución Nacional que en el artículo 14 consagra como derecho de todos los habitantes de la Nación el de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, luego el artículo 32 dispone que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal; y por otra parte el artículo 121 que determina que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal.
El gobernador se dirigió a la población con estas palabras: “Dada la campaña electoral lanzada por el gobierno kirchnerista, escucharán acusaciones falsas tendientes a a desprestigiar a quienes pensamos distinto. Los que tienen el barro al cuello intentarán salpicarnos a todos para diluir sus culpas”.
“Me atacan personalmente todos los días, queriendo tapar el sol con la mano, y hasta parece que saldrán en los próximos días a difamarme en lo familiar y personal”, finalizó el mandatario provincial.
En definitiva, con este decreto, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ejerce facultades propias teniendo en cuenta la necesidad y gravedad de las cuestiones de público y notorio conocimiento, que hoy demandan ejercer de inmediato el derecho de regular materias que le son propias para resguardar el pleno ejercicio de libertades constitucionales fundamentales de Expresión, Opinión y Prensa.