En nuestra provincia la ciudadanía acostumbra a elogiar los aciertos y criticar los errores de sus mandatarios, pero siempre ha rechazado los agravios y las peleas feroces entre políticos.
Nuestro gobierno aprecia las críticas constructivas y acepta el intercambio de opiniones fuertes y honestas en la construcción de una Córdoba democrática.
Cuando nos hacen notar un error, o nos presentan una idea mejor, reflexionamos y cambiamos o corregimos lo hecho.
Y para lograr leyes consensuadas, hemos admitido cientos de sugerencias y pedidos de la oposición, pese a tener mayoría propia en la Legislatura.
Cuando algún funcionario público es denunciado formalmente, se pone inmediatamente a disposición de la Justicia, sin ningún tipo de privilegio ni fuero.
Frente a los hechos de dominio público, nuestro gobierno no puede hacerse responsable de los dichos o hechos de funcionarios de empresas concesionarias o prestatarias de servicios. Son empresas privadas que deberán responder ante la Justicia, y en caso de ser procesados sus directivos, el gobierno decidirá la acción a tomar, que podrá llegar hasta la rescisión del vínculo jurídico existente, si así correspondiere.
El ejercicio democrático exige madurez y responsabilidad.
El Gobierno de Córdoba facilitará el accionar judicial, poniendo a disposición de los investigadores todos los elementos de juicio que se nos requieran y el testimonio y la presentación inmediata de todos los funcionarios públicos que puedan ser requeridos.