Esta mañana comenzó el taller de oralidad que organizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de manera conjunta con el Poder Judicial de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación dirigido a jueces del fuero Civil y Comercial.
La oralidad es parte de la reforma judicial impulsada en la provincia por el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es mejorar el servicio de justicia brindando a las causas mayor celeridad y participación del juez en el proceso. Se compone de dos audiencias, una preliminar y otra de prueba, que al ser videograbada repercute directamente en la disminución de los tiempos procesales.
Para cimentar la implementación de la reforma procesal en juicios civiles y comerciales de menos de 225 mil pesos, la capacitación propuesta comprende dos jornadas de trabajo con los jueces, a través de las cuales surgirá un protocolo de gestión y ejecución jurídica que les servirá de guía para liderar los juicios orales.
Laura Echenique, secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, destacó la importancia de la capacitación ya que proveerá a los magistrados de nuevas técnicas requeridas por el proceso oral. También reconoció el compromiso de los jueces -casi la mitad del fuero civil y comercial de la provincia- que participan de manera espontánea en esta instancia de formación.
Para la funcionaria, la experiencia es valiosa ya que responde a una demanda real para lograr el manejo de los protocolos pertinentes, a raíz de las reformas procesales presentadas por el Ejecutivo para que la nueva gestión judicial tenga eficacia, eficiencia, concentración, inmediación y oralidad efectiva.
Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló que ya hay 13 provincias incluida Córdoba que se han incorporado a la oralidad. “Se puede observar en el accionar de más del 40 por ciento de los jueces civiles del país que hoy toman dos audiencias -una preliminar y una complementaria-, que han cambiado completamente el tiempo del proceso, han aumentado muchísimo la conciliación, en un 46 por ciento, y la satisfacción de los usuarios es altísima”, resaltó Chayer.
Ana Clara Pauletti, vocal de la Cámara de Apelaciones y coordinadora del proyecto de Oralidad del Poder Judicial de Entre Ríos, provincia en la cual la oralidad ya es obligatoria en los juicios civiles, también compartió el impacto que estas políticas han producido en el funcionamiento de la Justicia. “Al ciudadano que acude a las audiencias le permite conocer al juez, conocer el esfuerzo y el compromiso, le posibilita una mayor comprensión del proceso y sobre todo entender la producción de la prueba; acepta en mejores condiciones el resultado, lo que repercute en una mayor legitimidad del proceso judicial”, afirma Pauletti.
Asegura, además que en su provincia se acortaron mucho los tiempos judiciales: “Cuando comenzamos la demora era tres años y ocho meses, y con la implementación de la oralidad los casos se fueron reduciendo a cerca de un año, o un año y algo”.
Durante la instancia de formación los capacitadores acordarán con los jueces que participan de la implementación piloto de la reforma judicial, un Protocolo de Actuación que guiará a todos y a todas a conducir de manera uniforme los procesos judiciales; indicará cómo realizar la audiencia preliminar, cómo gestionar el período de prueba, y cómo implementar la audiencia complementaria; se consensuarán modelos de decretos y se fijarán metas cuantificadas de trabajo para conocer el éxito de la implementación. Esto último implica fijar pautas como máximo de tiempo de los procesos, cantidad de audiencias que el juez tomará por mes, etc.
Acompañaron la apertura del taller el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Martín Farfán; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bolatti y funcionarios judiciales.