- El Registro de poseedores desarrolla una campaña de promoción en el sur de la provincia. Hoy estuvieron en General Levalle.
- Más de 100 personas consultaron para regularizar sus propiedades.
- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos diseñó un plan de asesoramiento y promoción con alcance provincial.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de títulos realizó en General Levalle un operativo de promoción y asesoramiento sobre los trámites que deben realizar las personas que necesitan obtener resoluciones posesorias de su propiedad.
El punto de encuentro fue en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en la calle Pellegrini s/n, en donde empleados de la Unidad Ejecutora para el saneamiento de títulos dispusieron mesas para recibir a los vecinos de aquella localidad. En la jornada consultaron cerca de cien personas, en donde vecinos y vecinas se acercaron a consultar sobre el trámite.
A propósito, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julián López, manifestó su conformidad con los operativos que viene desarrollando la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el sur de la Provincia. “Este es el segundo que se realiza, -el primero fue en Labolulaye- este programa que permite a las familias comenzar el trámite para obtener la inscripción en el Registro de Poseedores y de esa manera regularizar su situación”, dijo López y explicó que la Ley 9150 se promulgó hace 15 años para dar respuestas a los requerimientos en este sentido. “Es una ley basada fundamentalmente en la idea de que quienes son poseedores genuinos y de buena fe desde hace 40, 50 o 60 años, tuvieran la posibilidad de residir en ese lugar y no fueran desalojados por carecer de saneamiento de su posesión”.
Así mismo, el titular de Justicia destacó: “Este tipo de iniciativas brinda respuestas más abarcativas ya que participan técnicos de la Dirección de Saneamiento”.
Para lograr su objetivo los equipos de la Unidad Ejecutora articulan con municipios, legisladores, organizaciones sociales y jueces de paz. Se instalan en las poblaciones, asesoran a los vecinos, y canalizan los trámites para que accedan a las resoluciones posesorias.
Las acciones tienen, entre otros objetivos, brindar seguridad jurídica y regularizar el hábitat informal, consolidando el arraigo de la población para mejorar su calidad de vida.
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