Se presentó esta tarde el estudio “Trayectorias Políticas de Mujeres Legisladoras, Intendentas y Jefas Comunales En la Provincia de Córdoba” realizado íntegramente por un equipo de investigación del Laboratorio de Políticas Públicas del Consejo Provincial de las Mujeres. Participaron 56 mujeres: 20 legisladoras (sobre un tal de 28) y 36 intendentas y jefas comunales (sobre un total de 60), lo que representa el 71% de las primeras y el 60 por ciento de las segundas, considerando el universo total.
El propósito fue identificar los factores que pudieran asociarse a las trayectorias políticas exitosas, de modo que hagan posible elaborar recomendación de política pública. “La meta es contribuir al empoderamiento político de las mujeres con miras a que puedan desarrollar sus carreras en la política y acceder a cargos de representación popular”, explicó la presidenta del Consejo, Alicia Pregno.
Perfil socio-demográfico
Se trata de un estudio descriptivo que indaga sobre el perfil socio-demográfico, los antecedentes familiares en la política y la trayectoria política. La edad promedio de las entrevistadas es de 52 años, con una importante variación, que va de los 32 a los 79 años, la edad que presenta mayor frecuencia (moda) es 56 años. En el caso de las intendentas y jefas comunales, el promedio de edad es de 51 años, mientras que el de las legisladoras la edad promedio asciende a los 54.
En relación al estado civil, la mayoría está casada (48%) y en segundo lugar divorciada (21%). No obstante, si se distingue entre intendentas y jefas comunales por un lado, y legisladoras por otro, la distribución varía. En las primeras, la proporción de casadas es mayor (58%), mientras que en las segundas el estado civil es más variado: 25% soltera, 30% casada, 25% divorciada, 5% separada y 25% viuda.
Del total de entrevistadas, el 87% tiene hijos/as, cuya cantidad varía entre uno y ocho; pero la mayoría (84%) no tiene más de tres. El mayor porcentaje (38%) se ubica en 2 hijos/as. Otra variable a tener en cuenta es la edad de los hijos e hijas, en especial la del/a menor. Resulta importante para analizar la incidencia de su crianza y cuidados en la carrera política de las mujeres. En el conjunto de las entrevistadas, se constata que el 55% tiene su hijo o hija menor de al menos 21 años o bien no tiene hijos/as, y que el porcentaje se eleva al 75% si se consideran el hijo o hija menor desde los 16 años. En el caso de las legisladoras, quienes también tienen levemente mayor edad, el último porcentaje alcanza el 80%.
Cuando se analiza el nivel educativo de las mujeres entrevistadas se constata que el 62% tiene un nivel educativo superior al Secundario. El mayor porcentaje (32%) tiene nivel universitario, seguido por el terciario (25%). Las legisladoras, por su parte, aparecen con mayores niveles educativos, ya que el 55% cuenta con Universitario completo y un 10% con Posgrado, es decir, un 65% tiene Universitario o Posgrado completos.
Se indagó también en el perfil ocupacional de las mujeres políticas de la provincia de Córdoba. Coincidente con los estudios de trayectorias políticas tomados como antecedentes, la docencia aparece como la principal profesión de las mujeres que llegan a ser legisladoras, intendentas o jefas comunales. Encabeza así el perfil junto a la administración pública, categoría que en este caso engloba a quienes refirieron trabajar en el municipio, la Provincia o algún organismo nacional, e incluye a la Legislatura Provincial y los concejos deliberantes, como funcionaria o como empleada pública, con amplio predominio de esta última opción.
El 46% de las entrevistadas sostuvo tener algún familiar en política. En el segmento legisladoras, la afirmativa fue con mayor intensidad (65%) que en las intendentas y jefas comunales (36%). En relación a la variable que mide la frecuencia con la que se hablaba de política en el hogar durante la infancia y juventud, la incidencia parece haber sido variable. En el caso de las legisladoras la frecuencia fue mayor, ya que el 50% sostiene que se hablaba con alta frecuencia, y el 70% si se suma la media y alta. Por el contrario, el 39% de las intendentas y jefas comunales escogió la opción de baja frecuencia, mientras el 25% señaló que directamente no se hablaba de política en el hogar durante esa etapa de su vida. Este hecho puede estar vinculado con que el 64% de las intendentas y jefas comunales sostuvo no tener familiares en política.
Trayectorias políticas
El estudio destaca la importancia del inicio de la trayectoria y se pregunta acerca del tipo de organización y el momento histórico en que ocurre. El 53% del conjunto de las entrevistadas inició su participación en un partido político. En segundo lugar, se mencionó la escuela (11%), específicamente la Secundaria, a través de los centros de estudiantes y la participación estudiantil. En tercer lugar, se refirió el trabajo en la municipalidad, las cooperadoras escolares y los espacios de actividades sociales pertenecientes a la Iglesia Católica. En cuarto lugar, se señaló a las cooperativas y las organizaciones sectoriales como sindicatos, cámaras empresariales y colegios.
Con respecto a las motivaciones que llevaron a las entrevistadas a participar, el contexto político y social aparece como un factor desencadenante. Aquí destacan, variando con la edad, el Cordobazo, la transición política y el retorno de la democracia, el “que se vayan todos” (crisis de 2001) y las movilizaciones por los Derechos Humanos.
Los valores presentes en las motivaciones son compromiso social, solidaridad y justicia social. Como modelo político inspirador de la participación se mencionan las figuras de Perón y Alfonsín, pero sobresale la de Evita, que, en muchos casos, fue transmitida a través de las madres.
La escuela aparece entre los principales espacios iniciáticos de las trayectorias analizadas. Las entrevistadas mencionan esta instancia como determinante en la toma de conciencia sobre las aptitudes de liderazgo y conducción, así como la identificación con las causas comunes.
Dentro del análisis de trayectoria, con el objetivo de identificar distintos tipos de trayectoria, se les preguntó por otros cargos representativos o de conducción que habían desempeñado antes del cargo actual. Emergieron así cinco tipos de trayectorias: política (en recorridos desarrollados prácticamente de modo exclusivo dentro de las estructuras partidarias), desde la administración pública (hacer carrera a través de empleos o cargos públicos no representativos), gremialista – sindical (desarrollo de la carrera desde las estructuras gremiales), gremialista – empresarial (se desarrolla también en una estructura gremial, en este caso empresarial o colegial) y de la sociedad civil. Cabe destacar que los dos primeros tipos son los mayoritarios tanto para legisladoras como intendentas y jefas comunales, cada uno con las particularidades de su respectiva escala de gobierno.
Se indagó también si habían participado en movimientos de mujeres o trabajado el tema género en algún momento de sus recorridos, ante lo cual la mitad (50%) de las entrevistadas respondió afirmativamente.
Otra cuestión interesante para analizar es el tiempo trascurrido desde el inicio de la trayectoria política. Para medirlo se construyó la variable “antigüedad en la política”, restando al año actual (2016) el de inicio declarado por las entrevistadas. En el conjunto de las entrevistadas la antigüedad varía. Esto ocurre especialmente en el caso de las intendentas y jefas comunales, donde, por ejemplo, el 26% tiene entre 30 y 39 años de antigüedad, al mismo tiempo que el 34% tiene entre 10 y 19 años. Un 9% refiere menos de 10 años de trayectoria y una proporción no muy distante (11%), más de 40. Sin embargo, ello no ocurre en el caso de las legisladoras: el 50% tiene entre 31 y 40 años de trayectoria y el 25%, más de 40.
Ante la pregunta de si habían ocupado cargos directivos en su partido, el 65% sostuvo que sí (aunque son pocos los casos en que lo hicieron en los máximos cargos). En el caso específico de las legisladoras, la afirmativa alcanza el 85%, mientras que en las intendentas y jefas comunales es de 54%.
En el caso de las legisladoras, el cupo femenino aparece como un factor decisivo para su nominación. Cuando se les consultó en qué medida la vigencia del cupo femenino influyó sobre su postulación y sobre sus posibilidades de resultar electa, el 60% dijo mucho o totalmente y solo un 30% sostuvo que poco o nada.
Cuando se les preguntó si habían recibido igual apoyo que sus colegas masculinos por parte de su partido durante las campañas que llevaron adelante para ser elegidas, el 66% dijo que sí y el 34% respondió negativamente.
Vale destacar que el 75% de las entrevistadas considera que su condición de género no le supuso obstáculos para insertarse en la política y acceder a su cargo actual.
En materia de discriminación ciudadana, las entrevistadas negaron, en un 84%, haber experimentado algún tipo de discriminación por razones de género. Entre las afirmativas, los argumentos refieren falta de confianza en la capacidad de la mujer y al machismo de la ciudadanía en general. En lo que respecta a los medios de comunicación, la negativa es aún mayor, alcanzando el 87%.
El 68% del total sostiene no haber experimentado discriminación en la política (intendentas y jefas comunales se manifiestan en un 81% en este sentido, mientras que en el caso de las legisladoras el 55% afirma haberla experimentado).
Para concluir, se considera la última de las dimensiones analizadas en el estudio: las recomendaciones de políticas. Aquí, se les consultó a las legisladoras, intendentas y jefas comunales qué aspectos creían que deberían abordarse prioritariamente para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la política. De las respuestas, el eje estratégico mencionado con mayor insistencia fue la formación y capacitación, sobre todo política.
La presentación de los datos estuvo a cargo del coordinador ejecutivo del Laboratorio de Políticas Públicas del Consejo, Marcos Roggero. Participaron de la actividad representantes de la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, autoridades de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y del Ministerio de Trabajo del Gobierno de la Provincia, autoridades de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, legisladoras, intendentas, presidentas comunales, integrantes de universidades, investigadores académicos, gremios, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad.