Dentro del proceso de modernización iniciado por el presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano, se implementó un riguroso procedimiento para la detección y recupero de haberes de beneficiarios fallecidos. Esta normativa generó un circuito administrativo que minimiza los riesgos de que ante la muerte del beneficiario sus familiares, allegados o terceros continúen percibiendo los haberes correspondientes de manera fraudulenta.
Gracias a este sistema, entre enero de 2011 y abril de 2012 se detectaron 3.017 casos de pagos que se liquidaban a pesar de que el titular había fallecido. Esto representó un 66% de la totalidad, es decir, que de 3 titulares fallecidos, 2 seguían percibiendo sus haberes.
La estrategia para alcanzar el objetivo contempla dos líneas de acción. Por un lado, existe un proceso de detección temprana de defunciones, que reduce las probabilidades de que se acrediten los haberes post morten. Lo que incluyó la mejora de la gestión de la información que se genera al recibir los trámites de subsidio por fallecimiento y pensiones derivadas.
Por otro lado, se intenta recuperar los fondos que fueron transferidos de forma irregular al titular (bloqueo de caja de ahorro y reintegro de saldos en cuenta) y de fondos transferidos a terceras entidades. Para ello, se trabajó en sistemas de cruces masivos de datos con organismos externos para la detección de fallecidos (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) de la Jefatura de Gabinete de la Nación; Registro Civil Provincial y Administración Provincial del Seguro dela Salud(APROSS).
Al mismo tiempo, esta modalidad de control prioriza minimizar los riesgos de fraude sin generar pérdidas en la calidad de la atención de los beneficiarios. Los fallecimientos equivalen a menos del 4 por ciento del total y la voluntad de fraude representa una fracción aún menor. Por ello, se evitó generar controles de acreditación periódica, como otros organismos previsionales, que no eliminan por completo el riesgo de fraude y generan una burocratización del pago al 100 por ciento de los beneficiarios, lo que muchas veces trae aparejados largas colas e innumerables inconvenientes.
Los pagos indebidos registrados hasta ahora contabilizan un gasto de más de 25 millones para la Caja. Lo cual, podrá comenzar a economizarse mediante la aplicación de la nueva normativa.