La recientemente conformada «Mesa de Cooperación Recíproca para el Hábitat Social» representa un paso fundamental en el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda digna. Este derecho humano, consagrado como tal en el Art. 58 de la Constitución Provincial, involucra por primera vez en nuestra provincia a los tres niveles del estado (Nación, Provincia y Municipio) que se comprometieron en un documento único a articular esfuerzos en pos del desarrollo de soluciones habitacionales integrales y sustentables para quienes más lo necesitan.
La Provincia de Córdoba, al igual que otras provincias del país, tiene un déficit habitacional preocupante. Trabajando proactivamente ante esa realidad, el Gobierno Provincial apoya las vías de acceso a la vivienda propia de todos los sectores sociales: créditos hipotecarios del Banco de Córdoba para familias con ingresos medio/altos, programas de construcción subsidiados para la clase media y planes sociales como “Mi Casa Mi Vida” que significó una oportunidad única para que 10.600 familias de asentamientos marginales pudieran tener un lote propio escriturado y una casa de material ubicada a menos de 5 cuadras de una escuela y de un centro de salud en un barrio con todos los servicios.
Ahora, la Provincia redobla el esfuerzo y promueve una solución integral que articula en un eje vertical con los tres niveles de gobierno y coordina en un eje horizontal con organizaciones sociales, cooperativas, universidades y ONGs. El ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba propone construir unidades habitacionales en cantidad y morfología conforme a las posibilidades de tierras legalmente aptas y adecuadas a tal fin y con acceso a todos los servicios fundamentales.
En una primera instancia, la Provincia dispuso avanzar en un convenio con las autoridades de la Ciudad de Córdoba para luego continuar con municipios del interior. El acuerdo alcanzado convalida una mesa de trabajo para la disposición de suelo urbano, la regularización dominial, el hábitat social y la escrituración gratuita de viviendas.
La operatividad del plan es simple. El acuerdo prevé en una primera instancia «realizar un diagnóstico de titularidad de tierras fiscales en los tres niveles del Estado participantes y generar propuestas vinculadas al hábitat social». Este nuevo espacio institucional de trabajo propiciará los estudios necesarios para la localización de suelos que sean aptos para la creación de loteos de características sociales.
Los municipios deben dar el puntapié inicial inicial identificando y habilitando tierras que sean técnicamente aptas y jurídicamente pasibles de ser escrituradas a favor de las familias. La Nación y la Provincia de modo mancomunado gestionarán la disposición de fondos necesarios para comprar esos lotes (que serán escriturados a nombre de los sujetos de derecho) y aportar los materiales necesarios para la construcción de un modulo habitacional que como mínimo incluya una habitación y un baño.
Las familias, sujetos de derecho en esta acción, serán seleccionadas en forma conjunta entre los municipios y la Provincia con especial participación de las cooperativas de viviendas, agrupaciones de vecinos y organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan en la promoción del hábitat social. Las mismas familias tendrán a su cargo la construcción de las viviendas, una tarea de orden familiar y comunitario que promueve la unidad entre vecinos y valoriza el esfuerzo y la dignidad de las personas.