Reunión de Defensa del Consumidor con entidades bancarias y de servicios financieros

  • Se llevó a cabo ante el incremento de denuncias y reclamos por parte de los clientes.
  • Tiene como objetivo ajustar mecanismos tendientes a brindar un servicio más seguro.
  • Asimismo, continúa la campaña de prevención concientización sobre el uso correcto de tarjetas de crédito y de débito.

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, llevó adelante una reunión con representantes de entidades bancarias y de empresas de servicios financieros que operan en la provincia de Córdoba, a fin de ajustar los mecanismos tendientes a brindar un servicio más seguro a los clientes, ante el incremento de denuncias en el uso de tarjetas de débito y crédito.

Los reclamos de los consumidores responden a las demoras o las reticencias por parte de los bancos y entidades financieras en dar de baja determinados productos y servicios; y por el cobro de productos y servicios que no contrataron, por citar algunas situaciones que les generan perjuicios.

En la oportunidad, el asesor de Defensa del Consumidor, Daniel Mousist, señaló: “Se intercambiaron ideas con la finalidad de buscar soluciones a las denuncias de usuarios y consumidores”.

Por otra parte, Mousist indicó que desde Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia se continúa con la campaña de prevención y concientización sobre el uso correcto de tarjetas de crédito y de débito.

En este aspecto, la repartición provincial insta a los bancos y las tarjetas de crédito más conocidas del mercado a concretar instancias de conciliación con los clientes que efectúan denuncias, para evitar sanciones futuras.

En la actualidad, las principales consultas y reclamos con respecto al uso de tarjetas de crédito y débito se refieren al desconocimiento de compras de productos y/o servicios, en casos de compras realizadas por terceros utilizando maniobras fraudulentas y/o delictivas; en contrataciones sin consentimiento de los usuarios (dispuestas unilateralmente por prestadores de bienes y/o servicios no solicitados por el usuario); y en situaciones de falta de imputación de pagos.