La política tributaria que impulsa el Ministerio de Finanzas de Córdoba se encamina a producir el cambio de un doble paradigma: por un lado, promover la “autocorrección de la conducta del contribuyente para evitar el agravamiento de su situación fiscal” y, por otro, afianzar en la sociedad la percepción de que “el cumplimiento de las obligaciones impositivas es negocio, no así la dilación en el tiempo a la espera de moratorias”.
Así lo afirmó el secretario de Ingresos Públicos, Heber Farfán, en el marco de un desayuno de trabajo con medios de prensa locales, del que participaron también el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano y el director de Policía Fiscal, Adolfo Bringas.
En el encuentro, los funcionarios presentaron la nueva estructura y política de fiscalización de Policía Fiscal, área que tiene a su cargo el control de un universo de 250.000 contribuyentes de Ingresos Brutos, Sellos y Convenio Multilateral.
Policía Fiscal -que tiene 13 años de vida- inició en 2018 una reforma en su organización para cumplir la misión que se fijó el organismo: “Crear una correcta conducta tributaria”, indicó Bringas. Ese proyecto, que contó con el asesoramiento de expertos tributaristas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), determinó la creación de tres áreas para auditar a los contribuyentes. Análisis, Fiscalización y Determinación de Oficios y Multa.
El eje de la nueva política está en “la identificación de inconsistencias para que el contribuyente pueda corregir las irregularidades en la que haya incurrido o modificar su conducta; no se prioriza la penalización”, explicó el director de Policía Fiscal. Para ello, las fiscalizaciones tienen tres etapas: simplificada, agravada e integral. En el primer caso, “se invita al contribuyente a rectificar y no tiene multas; la segunda está alimentada por los casos que no respondieron positivamente e incluye penalización económica y en la Integral se avanza sobre una fiscalización global ante el incumplimiento reiterado”, detalló Bringas.
Desde la puesta en marcha de este esquema, la recaudación atribuible a Policía Fiscal se incrementó en un 113%, al pasar de $383,3 millones en 2017 a $815,4 millones este año.
En el encuentro con la prensa, los funcionarios de Finanzas anunciaron también la puesta en marcha de dos nuevas herramientas que fortalecerán la gestión de la política tributaria: una Matriz de Riesgo Fiscal y una Matriz de Reincidencia. La primera “provocará un fuerte impacto institucional porque con esta herramienta se elimina toda sospecha de discrecionalidad en la selección de los casos fiscalizados”, señaló el funcionario. La Matriz de Riesgo Fiscal está integrada por 22 variables que, al resumir el cruce de información, permite establecer el nivel de riesgo “medio y alto” en el que se encuentra un contribuyente.
En tanto, la Matriz de Reincidencia expondrá la situación de los contribuyentes que son evasores contumaces. El objetivo es demostrar que la “reincidencia en los incumplimientos no es negocio porque se agrava la situación”, agregó. Al final, “lo que se busca es desalentar los caminos cortos y la expectativa de moratorias”.
Para 2019, Policía Fiscal prevé invertir unos 100.000 dólares en la incorporación de Inteligencia Artificial para ampliar la capacidad de procesar, cruzar y analizar información del universo de contribuyentes. “Queremos tener –explicó Bringas- mayor contundencia en los análisis e ir más allá, hacia sectores que no están siendo fiscalizados y sectores económicos no tradicionales”.
En el marco de este proceso de reformas, Policía Fiscal avanzó este año, también, en su intención de reflejar a la sociedad que los plazos de fiscalización son determinativos: se realizaron 67 embargos preventivos y se iniciaron cinco casos penales.
Al cerrar el encuentro con la prensa, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, destacó el concepto de que a partir de estas reformas estructurales es “que se empieza a crear un Estado serio”, con financiamiento sustentable para dar respuesta a la demanda de obras y servicios esenciales.