El secretario de Agricultura de la provincia, Juan Cruz Molina, formalizó ayer el pedido de homologación del decreto provincial de Emergencia Agropecuaria ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, medida que permitirá ampliar los beneficios contemplados en la disposición provincial para los productores afectados por las inundaciones.
Con este fin, Molina se reunió con funcionarios de la cartera nacional para dar detalles de la situación que atraviesa el sector agropecuario cordobés. “Los técnicos de Nación estuvieron de acuerdo con la presentación que se hizo desde Córdoba elaborada por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y está en curso la homologación del decreto provincial”, resumió.
Cumplido ese trámite, los productores accederán a beneficios impositivos sobre gravámenes nacionales (tales como prórrogas en el vencimiento del impuesto a las Ganancias), así como a la reprogramación de obligaciones ante el Banco Nación.
Cabe recordar que el lunes pasado, el gobernador José Manuel de la Sota había firmado el decreto 47/015 de Emergencia Agropecuaria Provincial, que abarca a establecimientos agropecuarios que hayan sufrido las intensas precipitaciones o desbordes de cursos de agua en sus campos.
Para la producción agrícola el período que incluirá la medida abarca hasta el 30 de junio del 2015, y para ganaderos y tamberos la medida se extiende hasta el 31 de diciembre del corriente año. No obstante, en caso de persistir los anegamientos se podrá solicitar la prórroga de los plazos previstos.
Se estima que las zonas perjudicadas abarcan una superficie aproximada a las 250 mil hectáreas. En este sentido, desde el ministerio provincial se llevará adelante un preciso trabajo de constatación de las declaraciones juradas que presenten los productores.
El principal beneficio que otorga la ley de emergencia agropecuaria provincial es la prórroga del pago del impuesto inmobiliario rural (en caso de tener un 50 por ciento de afectación), o directamente la exención si se supera el 70 por ciento.
Además, se están utilizando los datos recabados por la Comisión para optimizar otro tipo de ayuda más directa a los productores afectados, como por ejemplo la distribución de alimento balanceado a ganaderos con déficit de pasturas o forrajes (esto ya se viene realizando desde la ocurrencia de precipitaciones), líneas de asistencia financiera específicas, entre otras.