En virtud del incumplimiento de la Secretaría de Energía de la Nación de su Resolución 220, que aseguraba el pago de los bonos emitidos por E.P.E.C. (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) para financiar la construcción de la Central Pilar , con la venta de la energía producida por ésta, se generó la imposibilidad de la empresa de energía cordobesa de pagar la totalidad de los servicios mensuales de dichos bonos, razón por la cual la Provincia , en su carácter de garante de la empresa, paga por mes cinco millones de dólares estadounidenses (U$S 5.000.000).
A raíz de la injusticia de lo señalado, E.P.E.C. promovió una acción judicial en contra del Estado Nacional, obteniendo una medida cautelar que suspende la obligación de la Provincia de hacer esos desembolsos mensuales, por haber encontrando razonable el reclamo efectuado.
El Gobierno de Córdoba, advirtiendo los efectos negativos que la suspensión de pagos por garantía ordenada judicialmente podría generar en los mercados financieros, ha dispuesto depositar los fondos necesarios para cubrir la totalidad de los servicios de capital e intereses, aún cuando podría no hacerlo en virtud de la decisión judicial que así lo dispuso.
La Provincia de Córdoba exhibe una histórica tradición de honrar siempre sus compromisos, lo cual ha quedado demostrado en la gran crisis económica que sufrió el país en los años 2001 y 2002, cuando la Argentina y las provincias se declararon en default, la única que no lo hizo fue la de Córdoba, quien siguió cumpliendo puntillosamente todos los compromisos con sus acreedores internos e internacionales.
El presente comunicado tiene por objeto llevar tranquilidad a los mercados en general, sin dejar de resaltar que la Provincia de Córdoba seguirá accionando judicialmente contra el Gobierno Nacional por este caso y cada uno de sus incumplimientos, que importan menoscabo de los derechos de los cordobeses.