El Día Mundial contra el trabajo infantil se conmemoró por primera vez en el año 2002, y fue propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el firme objetivo de lograr la reflexión de toda la comunidad acerca del serio problema que representa el trabajo de millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo.
Nuestro país adhirió a la iniciativa de OIT declarando el 12 de junio como “Día Nacional de lucha contra el trabajo infantil”.
En forma compartida, se entiende por trabajo infantil a las “estrategias de supervivencia o actividades productivas de comercialización o prestación de servicios, remuneradas o no, realizadas por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y/o trabajo establecida en nuestro país, que atenten contra su integridad física, mental, espiritual o social y que interrumpan o disminuyan sus posibilidades de desarrollo y ejercicio integral de sus derechos”
Esta emergencia no puede ni debe abordarse de manera aislada, en tanto se lo reconoce alternativamente como causa y consecuencia de la pobreza expresada en niveles insatisfactorios de seguridad social; por ello, la iniciativa del gobierno asumiendo la responsabilidad de incorporarlo a la agenda publica, no estaría completa sin el concurso indispensable de las organizaciones de empleadores y trabajadores para transitar el camino de su erradicación. Ambas tienen un indudable papel que cumplir por sí mismas pero, además, como integrantes de la sociedad civil pueden aunar sus respectivos intereses en esta lucha. Para los empleadores, la eliminación del trabajo infantil de las cadenas de suministro sirve para garantizar una productividad y un acceso sustentable al mercado. Para los sindicatos, el trabajo de niños y niñas va contra de sus objetivos básicos y dificulta que los trabajadores adultos tengan la oportunidad de ganarse el sustento.
Tanto las organizaciones de empleadores como los sindicatos pueden aportar recursos importantes que se pueden aprovechar en esta instancia, su poder de convocatoria y actuación en escenarios políticos les permitirá desarrollarse como promotores de normas nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, pueden contribuir con sus propias herramientas específicas: los convenios colectivos de los sindicatos y los códigos de conducta de las organizaciones de empleadores.
Necesitamos que las organizaciones de empleadores y de trabajadores profundicen y amplíen su compromiso con la erradicación del trabajo infantil, y puedan definir mejor sus respectivos papeles y ventajas comparativas dentro de este proceso. Para los sindicatos, sobre todo en la economía informal, no supone desviarse de sus intereses sino que es clave para construir estructuras sindicales eficaces y sólidas para el futuro; para las organizaciones de empresarios la protección de la infancia está por encima de cualquier intento de proteger intereses económicos. Ambos enfrentan desafíos críticos para poder desarrollar todo su potencial como actores clave de este proceso con capacidad, compromiso, coherencia y cooperación.
La Organización Internacional del Trabajo se ha comprometido a fomentar la capacidad de los interlocutores sociales como parte de su plan de acción en esta problemática, y este gobierno quiere sumarlos como aliados estratégicos para desarrollar acciones coherentes que contribuyan eficazmente a la erradicación del trabajo infantil, a la protección del trabajo adolescente y a adoptar un enfoque que permita materializar, a través de políticas publicas eficaces y pertinentes, el trabajo decente en nuestra provincia.