Central Pilar: Provincia denuncia ataque K y exige reajustar precios

La situación actual de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y la Central Pilar, no es sino otra consecuencia de los numerosos incumplimientos del Estado nacional en su campaña para intentar asfixiar financiera y económicamente a la Provincia de Córdoba.

En el año 2007 la Secretaría de Energía de la Nación dictó la Resolución 220 /2007, que estableció una serie de medidas tendientes a reforzar el parque energético argentino, dentro de las cuales estaba la posibilidad de encarar la construcción de nuevas centrales termoeléctricas, que se construirían por las provincias con el aporte crediticio de la Nación.

Esos créditos se iban a reintegrar por las provincias con los fondos derivados por la venta de la energía generada por esas nuevas centrales, venta que se aseguraba a través de la adquisición por parte de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA).

Para asegurar el reintegro de esos créditos, la Resolución 220/2007 también dispuso que el precio de esa energía debía mantenerse actualizado (sujeto a reajuste), para que siempre el producido de la venta fuere suficiente para cubrir los servicios del financiamiento provisto para la construcción de la central.

Cuando comenzó a producir energía la Central Pilar y dio inicio la obligación de Córdoba de cancelar los servicios del crédito aportado por la Nación a través de la Anses, ya la Nación estaba enfrentada con la Provincia de Córdoba por las razones que son de público y notorio conocimiento, y como muestra de ese encono la obligación premencionada nunca fue cumplimentada por la Nación ni por la Secretaría de Energía y menos aún por Cammesa, es decir, encuadrado en la campaña de intentar asfixiar económica y financieramente a Córdoba, se mantuvo el precio de venta de la energía de Pilar (EPEC) a Cammesa a valores históricos desfasados del costo de generación razón por la cual ese producido no alcanza para cancelar las cuotas del préstamo de Anses para la construcción de la central, debiendo la Provincia todos los meses cubrir la diferencia entre lo que produce la venta de Pilar y lo que efectivamente debía transferir a Anses.

Es decir, la mala fe de las autoridades del estado nacional y de la Anses, es palmaria y evidente, se beneficiaron con la construcción de una Central Termoeléctrica a cargo de la Provincia de Córdoba, que le genera a la Nación un ahorro de U$S 12 millones mensuales, y por otra parte en un plan prefijado se aseguran que la venta de energía de esa central no alcance a cubrir las cuotas mensuales del crédito, obligando todos los meses al Tesoro Provincial a proveer la diferencia.

Para corregir esa distorsión la EPEC hizo los reclamos administrativos correspondientes para obtener el reajuste del precio de la energía, ello con fecha 6 y 24 de Junio, y 5 de Noviembre de 2012, a fin de que llegara a cubrir el 100 % del costo de generación y con ello poder cubrir también los servicios de la financiación.

Se solicitó que todo ello se plasmara en una readecuación del contrato con el estado nacional, lo cual tuvo reconocimiento negativo y/o silencio de las autoridades nacionales del gobierno federal y de la Anses.

Frente a ese escenario en donde la Provincia construyó una central que le genera ahorros de U$S 12 millones mensuales a la Nación, ésta vía congelamiento del precio de la energía que adquiere a la EPEC, hace que ésta tenga que vender la energía por debajo del costo de generación, ergo no puede cubrir la cuota mensual del crédito de la Anses, lo que tiene que hacer la Provincia girando mensualmente U$S 5 millones. El plan orquestado torna en ruinosa una operatoria que en cualquier lugar del país y del mundo es absolutamente rentable como es la venta de energía eléctrica.

En ese contexto y frente a la contumaz negativa de las autoridades nacionales y de la Anses es que la EPEC inició acciones judiciales en contra de la Secretaría de Energía de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, impugnando la operatoria y solicitando la intervención judicial para obtener la readecuación del contrato, requiriendo además una rebaja sustancial de los intereses usurarios que la Anses fijó al financiamiento otorgado a la Provincia que ascienden al 12 % en Dólares Estadounidenses. La fijación de la tasa inicial se dio en un contexto de turbulencia internacional donde el acceso al financiamiento se encareció. Sin embargo, el contexto ya no es el mismo y países de esta zona del mundo pagan tasas sustancialmente menore, razón por la cual no parece razonable que Anses pretenda sostener estos niveles de tasas.Como se advierte, el caso de la Central Pilar forma parte de la embestida que el kirchnerismo viene sosteniendo sobre Córdoba. En este caso la estrategia de estrangulamiento además de provocar daños en la ecuación económico – financiera de la EPEC acciona la garantía de coparticipación obligando a la Provincia a afectar recursos que de otro modo podrían utilizarse en obras y servicios.