Con el propósito de articular un espacio que propicie el fortalecimiento familiar y comunitario de la zona, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), abrió ayer la sexta Casa Abierta en la sede de la Cooperativa El Amanecer que conforma la red de SERVIPROH.
El acto de apertura del nuevo espacio fue presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, quien estuvo acompañado por el Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Antonio Franco, la coordinadora del Programa Casas Abiertas, Tamara Pez, en representación de la Cooperativa El Amanecer, Raúl Segovia y por SERVIPROH, estuvieron presentes, Omar Flores y Marcos Griffa.
El programa impulsado por SeNAF tiene como objetivo acompañar a las organizaciones que trabajan en los barrios con políticas públicas que favorezcan el abordaje colectivo y comunitario de las problemáticas de las familias. La apuesta del ministerio de Justicia a través de la secretaría, es identificar las situaciones de vulneración de derechos y lograr su restitución o protección.
La Cooperativa desarrolla acciones hace 30 años, en los barrios 20 de Junio y Parque República, destinadas a 120 familias entre las que se cuentan 500 niños, niñas y adolescentes.
“El principio de justicia social se concreta en acciones públicas, y en este sentido, la implementación del Programa Casas Abiertas actúa en conjunto con las organizaciones para que éstas nos ayuden, no sólo a verificar situaciones de vulneración de derechos, sino a resolver las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes”, dijo el ministro Angulo.
El funcionario además aseguró que a través de este Programa se brindarán respuestas concretas conjuntamente con la Comisión Interministerial conformando una red con otros ministerios y actores institucionales para que presten sus servicios especialmente en los barrios y lugares que más necesitan de la contención del Estado.
Casas Abiertas busca que las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren involucradas en la temática de derechos e infancia, potencien en las comunidades su rol, definido por la ley nacional 26.061, de protectoras de derechos. Entendiendo que es función del Estado implementar los medios para que esto suceda, reconociendo que si las organizaciones son parte de la comunidad, por su cercanía con las familias, se encuentran en mejores condiciones para identificar sus necesidades y conocer, junto a ellas, qué respuestas pueden ser las más adecuadas.