A raíz de los acontecimientos de público conocimiento sucedidos en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 de Mujeres de Bouwer, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolvió afrontar una serie de medidas para responder a las demandas de las internas y sus familiares, y garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad en las personas privadas de su libertad.
En primer lugar, la directora del establecimiento penitenciario referido fue apartada de sus funciones mientras se investigan los hechos denunciados en el penal y concluyan las actuaciones administrativas en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria.
Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la creación de un observatorio de prevención de la violencia de género y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad que comienza a funcionar desde hoy con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del Polo de la Mujer, junto a la Secretaría de Justicia.
Su misión será identificar y abordar las problemáticas y necesidades específicas de la población de mujeres y diseñar y promover información y políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos fundamentales. Esta tarea será realizada con la colaboración de otras instituciones.
Los profesionales comenzarán a trabajar con la población de mujeres alojadas en los distintos establecimientos penitenciarios dependientes de la Provincia de Córdoba y sus familias, en pos de fortalecer la tutela de sus derechos humanos y atender sus necesidades.
Asimismo, se instará desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las acciones necesarias tendientes a favorecer las visitas de los hijos o hijas con las internas madres privadas de la libertad; en ese sentido, se avanzará con el Poder Judicial para implementar un mecanismo articulado y ágil para la concreción de dichas visitas.
Estas medidas profundizan la política de humanización en las cárceles que ha sido uno de los ejes de la gestión del Gobierno de la Provincia, basada en el respeto, la promoción de la dignidad y los derechos humanos con perspectiva de género de las personas privadas de su libertad, así como la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujeres en todos los ámbitos en que se desenvuelven.