A partir de septiembre, más de 130 mil personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes de la provincia de Córdoba -ejecutivo, legislativo y judicial- comenzarán a recibir capacitación en género y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la “Ley Micaela”, aprobada por el Senado de la Nación en diciembre pasado. Hoy fue publicada en el Boletín Oficial la adhesión a la norma, decretada por el gobernador Juan Schiaretti.
Este mediodía, representantes de los tres poderes se reunieron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (la autoridad de aplicación) para definir de qué manera se hará la implementación. Martín Farfán, titular de Justicia, recibió en nombre del Ejecutivo a María Marta Cáceres de Bollati, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y a Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura provincial.
Córdoba es una de las primeras provincias en implementar la ley. El 20 de septiembre se realizará la presentación, con la firma de un convenio del que participan municipios y universidades. Ese día estará presente Néstor García, padre de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada en 2017 a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales.
Según el decreto, a partir de hoy cada poder cuenta con 30 días para presentar un referente encargado de la capacitación y en 120 días deberá estar diseñado el plan. Las formaciones serán obligatorias para todos los agentes y se dictan de manera gradual, en tres módulos virtuales y uno presencial. Administrativamente, será considerado una “falta grave” no realizarla.
“El Gobierno de Córdoba ha expresado reiteradamente que la violencia contra las mujeres vulnera los derechos humanos. Y venimos realizando muchas políticas, entre ellas distintas instancias de capacitación, para combatirla”, expresó Farfán.
Al respecto, Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, presente en la reunión, expresó: “Aunque sea obligatoria, ese no es el espíritu de la ley. Lo que la norma busca, en el fondo, es crear un cambio cultural sobre la violencia hacia las mujeres”.
La ley estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.