El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Luis Angulo, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti, inauguraron hoy la primera oficina de Unidad de Defensa Pública que funciona en el interior del complejo carcelario de Bouwer. Se trata de un nuevo servicio que facilita el acceso a la justicia y brinda asesoramiento para la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Desde el corazón del Módulo MD2 de Bouwer, donde funciona la oficina, Angulo destacó el trabajo conjunto con el Poder Judicial para poder llevar adelante esta política que, dijo, “se enmarca en la línea de defensa de derechos humanos del Estado en la provincia”. Martín Farfán, secretario de Organización y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia, explicó que en una primera etapa el servicio estará habilitado en la cárcel de Bouwer, aunque está previsto que en el futuro se extienda al interior provincial.
El Ministerio de Justicia y DD.HH aportó el espacio físico acondicionado con conectividad para que, desde el lunes, tres veces por semana, un equipo de especialistas de la defensa pública asista al lugar para escuchar a los internos, detectar problemáticas y plantear líneas de abordaje. El objetivo es brindar información y asesoramiento jurídico; representarlos ante autoridades administrativas y judiciales, y realizar tareas de divulgación de derechos.
“Es la primera vez que tenemos una oficina en un contexto de exclusión”, señaló Aída Tarditti, titular del TSJ. “Nos conecta con lo más valioso con nuestra función, que es estar cerca de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, agregó.
En esa línea, Angulo sostuvo que este acuerdo sirve para “mejorar las condiciones de vida de las personas y acercar a la justicia desde la educación”. “Las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigar a las personas si no para recuperarlas. Esa es una utopía, pero una utopía posible”, agregó.
El en acto estuvieron presentes, el fiscal general Alejandro Moyano, los vocales del TSJ María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña; el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, y miembros del equipo de la Unidad de Defensa Pública, entre otros.