Mediante Decreto N° 468, publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobernador de la Provincia, José Manuel De la Sota, dispuso un importante incremento en el monto de la ayuda económica no reintegrable que Córdoba asigna mensualmente a 264 víctimas de violencia familiar que se encuentran bajo cobertura del Estado.
Desde la Dirección de Violencia Familiar, del Ministerio de Desarrollo Social, se realiza un abordaje integral de la problemática. A las víctimas de este flagelo se les brinda tratamiento psicológico, asesoramiento legal y acompañamiento durante el proceso de rehabilitación y reinserción social. En ese marco, el programa social «Nueva Vida» otorga mensualmente un aporte monetario para contribuir en la independencia económica de la mujer agredida.
En muchos casos, las mujeres que sufren violencia no cuentan con un empleo formal y dependen económicamente del agresor. Es por esto que se torna necesario brindarle apoyo monetario para que puedan subsistir fuera del círculo de violencia y encaminarse a una vida.
En este sentido, la directora de Violencia Familiar de Desarrollo Social, Alejandra Morcillo, sostuvo que «la ayuda económica que se otorga no es en calidad de subsidio, sino que forma parte de un tratamiento a largo plazo en el que el abordaje es integral y se realiza desde diversas disciplinas. Las mujeres reciben la beca siempre y cuando tengan continuidad en el tratamiento. Es indispensable para que puedan romper esa dependencia con el victimario” apuntó.
Esta duplicación del monto se tornó necesaria ante las variaciones de la economía Argentina que influyen en el costo de vida, lo que produjo una desactualización del monto de la ayuda económica no remunerativa que se les brinda a víctimas de violencia y su grupo familiar.
Este acompañamiento a víctimas de violencia de género, muchas veces se amplía a otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social, tales como Emergencias, Hábitat y el Banco de la Gente, entre otras. Además, está vigente y con muy buenos resultados la entrega de botones antipánicos del programa SALVA (Sistema de Alerta para Víctimas de Violencia), que desde su implementación, en marzo de 2013, originó el arresto de más de 150 agresores.