Personal de la Policía Ambiental clausuró ayer un “Campeonato de tiro al vuelo” que se desarrollaba en el Club de Caza y Pesca de la localidad de Wenceslao Escalante. El procedimiento, concretado conjuntamente con la Policía provincial y la Patrulla Ambiental, se enmarca en la ley Ley 8625, que prohíbe en el territorio provincial la práctica de “tiro al pichón”, también llamado tiro a la paloma o al vuelo.
El personal provincial fue alertado por una denuncia. En el predio secuestraron jaulas que contenían unos 1.300 pichones, además se constató en el lugar 600 pichones muertos, entre ellos una paloma mensajera con anillo numerado de la Federación Colombófila Argentina 2013, lo que el artículo 11 de la Ley 12913 considerada delito, por lo que se dio intervención a esa entidad y se efectuó una denuncia penal.
Del evento participaban más de 100 personas. En la ocasión, los inspectores de la Policía Ambiental procedieron al labrado de las actas correspondientes al Club de Caza y Pesca, y a la Federación Argentina de Tiro al Pichón.
En tanto, hoy se procederá a la liberación de los animales vivos en la reserva La Quebrada, en proximidades del camino del Cuadrado, y a la incineración de los animales muertos.
Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental, expresó sobre el procedimiento: “Es la primera vez que se ha podido realizar la clausura de este tipo de evento. Se han labrado las actuaciones para procesar a la comisión directiva del Club de Caza y pesca de Wenceslao Escalante y la Federación Argentina de Tiro al Pichón. Vamos a seguir con los controles para evitar este tipo de competencias ya que violan la ley 8625”.
Este tipo de actividad no es considerada caza propiamente dicha, ya que implica un acto cruel, que no brinda ninguna oportunidad verdadera al animal antes de ser abatido por el disparo de quien la practica, en clara contraposición a la protección dispuesta por la Ley Nacional N° 14.346, remarcaron desde el organismo provincial.
Cabe aclarar que la dirección de Policía Ambiental, creada diciembre de 2012, puede proceder al ingreso en cualquier establecimiento o inmueble en el cual se estén realizando actividades industriales o comerciales y de cualquier tipo, sin previa orden judicial y a los fines de facilitar el procedimiento cuando existan actividades que estén en flagrante infracción de la normativa aplicable y a los fines de detener la ejecución de las mismas. Su objetivo es ejercer el control y fiscalización en materia hídrico-ambiental y de los recursos naturales y hacer cumplir toda la normativa que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del ambiente y de los recursos hídricos.