El principal argumento utilizado por la Nación para suspender los envíos de fondos a la Caja Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es que la Provincia no avanzó suficientemente en el proceso de armonización. Si bien el planteo carece de sustento legal, ya que en todos los convenios firmados se contempló un avance parcial y gradual en el proceso de convergencia a las normas nacionales, de todas maneras resulta interesante evaluar cuales serían los impactos financieros que se derivarían de la incorporación plena de las normas previsionales nacionales al sistema previsional provincial.
El estudio resulta muy complejo de llevar a cabo porque requiere desarrollar una metodología para, por un lado, simular los aportes y contribuciones que harían los 184 mil empleados públicos provinciales y municipales bajo las regulaciones nacionales. Por el otro, requiere simular el monto de los aproximadamente 92 mil beneficios que paga la Caja bajo el supuesto que desde el año 2003 (fecha en se inicia el proceso de armonización) en Córdoba se hubiesen aplicado las normas que usa la ANSES.
En relación a los ingresos, una de las diferencias es que a nivel nacional se aplican mínimos y máximos sobre la remuneración sujeta a aportes que no rigen en la Provincia. Otro factor, de mayor impacto, es que las alícuotas, tanto para los aportes personales como para las contribuciones patronales, son más altas en la legislación provincial. En promedio, mientras un afiliado de la ANSES tributa el 28% de sus salario (sumando aportes personales y contribuciones patronales), a nivel local la imposición promedio es equivalente al 40% de la remuneración.
Si la Provincia aplicara las normas nacionales, en lugar de haber recaudado $7.061 millones en el año 2012, la Caja habría percibido unos $4.471 millones. Es decir, que la armonización plena llevaría a reducir las imposiciones en 12 puntos porcentuales generando una disminución de ingresos del orden de los $2.320 millones al año.
Por el lado de las erogaciones, no se generan impactos en cuanto a la cantidad de beneficios que paga la Caja ya que los requisitos para acceder a un beneficio previsional están plenamente armonizados. Por el contrario, operan diferencias significativas y muy complejas de estimar en relación a los haberes de cada sector. Estas tiene origen en tres factores:
- Diferencias en la fórmula para el cálculo del haber inicial
- Diferencias en los mecanismos de movilidad aplicados desde el año 2003.
- Diferencias en los haberes mínimo y máximos.
La aplicación de las normas nacionales a nivel local implicaría que la Caja pagaría haberes más bajos. El principal factor diferenciador es la movilidad aplicada hasta el año 2008, tema que a nivel nacional está generando una enorme cantidad de litigios. En promedio la diferencia en los haberes sería del orden del 24% (en el año 2012 en lugar de un haber medio de $ 6.900, la Caja con armonización plena habría pagado $5.200).
El promedio esconde diferencias muy grandes entre sectores ya que en el régimen general la diferencia llegaría al 45%, Luz y Fuerza al 21%, docente al 7%, mientras que en Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial al 6%.
Si la armonización plena rigiera desde el año 2003 la Caja pagaría la misma cantidad de beneficios pero con un haber promedio más bajo. Esto implicaría reducir las erogaciones en alrededor de $2.283 millones.
La principal conclusión del estudio es que si bien la armonización plena provocaría una reducción de egresos, esto sería más que compensado por una reducción en los ingresos. Dicho de otra manera, las mayores erogaciones que genera el pagar haberes más altos -debido a que no se adoptaron plenamente las normas nacionales- son totalmente financiadas con recursos aportados por todos los cordobeses a través de imposiciones más altas.
Los resultados de la simulación agregan nuevos argumentos sobre la legitimidad de los reclamos de la Provincia al Gobierno Nacional. No sólo que en todos los convenios se contempló un proceso gradual de convergencia hacia las normas nacionales. Desde el punto de vista financiero la simulación demuestra que adoptando estrictamente todas las normas nacionales las transferencias que debería hacer la ANSES serían mayores a las que reclama la Provincia.
Planteado desde otra perspectiva, la simulación muestra que si Córdoba hubiese transferido la Caja a la Nación, como lo hicieron en su momento otras provincias, el déficit que tendría la ANSES sería mayor a los fondos que reclama la Provincia. Esto demuestra que la Provincia está siendo arbitrariamente discriminada respecto a las jurisdicciones que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
