El gobernador, Juan Schiaretti, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, firmaron hoy un acuerdo que contempla la ejecución de obras de infraestructura en Tribunales II y la incorporación de tecnología para modernizar los procesos judiciales.
A partir del convenio, se levantará el Módulo de Tecnologías Aplicadas en los Procesos Penales, donde se instalarán las salas de Audiencias (con equipamiento de videograbación), la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia, el Data Center y demás oficinas de apoyo para la implementación de la oralidad y del expediente digital en los procesos penales.
«Los tres poderes del Estado estamos presentes aquí diciendo vamos a encarar una acción que va a simplificar la vida a la gente cada vez que tenga que acudir a los tribunales provinciales», expresó el Gobernador en su discurso, y agregó que «la administración de Justicia es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, por eso me parece importante que cada vez que haya que dar un salto en su mejora sea meditado y consensuado».
Para la concreción de las obras, que tienen un plazo de unos 12 meses, la Provincia destinará 220 millones de pesos, mientras que el Poder Judicial desembolsará 40 millones de pesos.
El nuevo servicio, además, incorporará el software LIMS (por su sigla en inglés), un sistema para la gestión de la información de laboratorios forenses, que demandará 4 millones de pesos. «Con este programa, Córdoba podrá cumplimentar las normas internacionales de calidad»; explicaba el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo.
Las iniciativas se enmarcan en las reformas impulsadas por la Provincia para modernizar la Justicia y hacerla más accesible. Esto incluye un conjunto de proyectos de ley enviados a la Legislatura en diciembre pasado, como el de Mediación Prejudicial Obligatoria, aprobado hace un mes, y la oralidad, que se debate en este momento.
«Esto requiere de consensos y del trabajo mancomunado de los tres poderes del Estado», apuntó Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior de Justicia, quien explicó los alcances del acuerdo.
Para luego agregar: «Vemos que proyectos como el de la Ley de Mediación, -aprobado prácticamente por unanimidad en la Legislatura o la reforma de los procesos del fuero civil, laboral o penal-, que son presentados por el poder Ejecutivo, debatidos por el Legislativo; y el poder Judicial, que deberá instrumentarlos, requiere el espacio físico necesario, así como equipamiento informático y tecnológico. Ese es el motivo que nos convoca a la suscripción del convenio».