Ante la presencia de legisladores y representantes gremiales, el secretario de Previsión Social de la Provincia, Osvaldo Giordano, presentó en la Unicameral el Informe Anual 2012 de la Caja de Jubilaciones. Inició la reunión el legislador Carlos Alessandri quien destacó la rigurosidad y la transparencia de la gestión de Giordano «funcionario que sostenidamente se ha preocupado por informar sobre la situación de la Caja», dijo. A su turno, el también legislador y gremialista, José Pihen reconoció que es la primera vez que un funcionario público brinda información de manera permanente. «Podemos discutir de muchas cosas, menos que no tenemos información de la Caja», sostuvo.
Lo cierto es que por quinto año consecutivo la Caja presentó, a través del Informe Anual, un minucioso compendio de información y análisis sobre la situación del sistema previsional provincial. El Informe se integra, como en años anteriores, por la Memoria Institucional, la Memoria Estadística y el Balance (en este ejercicio auditado por la firma KPMG). Además, se incluye por primera vez un CD con datos descriptivos de cada uno de los más de 90 mil beneficios mensuales que paga la Caja. De esta manera, se pone a disposición de todos los ciudadanos información completa y desagregada que facilita el control de la gestión y el entendimiento de la problemática previsional.
El Informe destaca que la sustentabilidad financiera de la Caja siguió mejorando. Mientras que hacia mediados de la década pasada el déficit superaba el 30% de las erogaciones (es decir, que con ingresos genuinos apenas se cubría menos del 70% de los gastos), el año pasado el desequilibrio fue del 15% de las erogaciones, proyectándose para el corriente año el nivel de déficit más bajo de la última década (ver Gráfico 1).
Aunque el envejecimiento demográfico siguió socavando la sustentabilidad, varias decisiones de política previsional explican las mejoras. Paradójicamente, teniendo en cuenta las polémicas que todavía genera, el cambio más importante es la reforma introducida en el año 2002 que estableció que junto con el régimen de jubilaciones anticipadas se aumentaran las edades de retiro; armonizándolas con las que se aplican a nivel nacional (ver Cuadro 1). Mientras que las jubilaciones anticipadas tuvieron un impacto negativo transitorio, el prolongar la vida activa y acortar la pasiva en cinco años las mujeres y siete los varones tiene efectos positivos permanentes. El Informe muestra como, sin estas reformas, en la actualidad la Caja estaría pagando, como mínimo, unos 10 mil beneficios adicionales. Esto llevaría a más que duplicar el déficit financiero (ver Gráfico 2).
De todas formas los problemas económicos continúan siendo intensos debido al persistente incumplimiento del Gobierno Nacional de su obligación de proveer asistencia financiera a la Caja. Con el fin de pagar en tiempo y forma las jubilaciones y pensiones, el Tesoro provincial se ve obligado a desviar una importante cantidad de fondos hacia este fin. El monto transferido en el año 2012 (más de $1.100 millones) supera, por ejemplo, todo lo que recaudó la Provincia a través de los impuestos inmobiliario y automotor (ver Gráfico 3).
La Nación acumula de 30 meses de incumplimiento. A valores actualizados se ha generado una deuda de aproximadamente $4.500 millones (ver Gráfico 4). Si la Caja contara con esos recursos no sería necesaria la asistencia financiera del tesoro provincial.
Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, las 11 cajas provinciales transferidas le generan a la ANSES un déficit superior a los $1.560 por beneficiario por mes. Si a la Caja de Córdoba se le diera un tratamiento similar (es decir, recibiera ese monto por cada uno de los 92 mil beneficios que paga), se le debería haber transferido en el año 2012 unos $ 1.700 millones; cifra muy superior a los $1.400 millones que Córdoba reclama. Esto demuestra la fuerte discriminación que sufre la Provincia respecto a jurisdicciones que transfirieron sus sistemas previsionales.
En el marco del litigio que se está dirimiendo en la Corte, la Provincia presentó un estudio de simulación que demuestra que es falso el argumento de que el déficit previsional provincial se origina por el insuficiente avance en el proceso de armonización de la normativa provincial a las reglas vigentes a nivel nacional. El estudio demuestra que el no haber adoptado la totalidad de la normativa nacional genera haberes más altos que implican mayores erogaciones. Pero la totalidad de los mayores gastos son cubiertos con los mayores aportes y contribuciones que se aplican a los afiliados activos (en Córdoba las imposiciones sobre los salarios son en promedio 12 puntos superiores a las vigentes a nivel nacional). Es decir que la armonización plena, más allá de que nunca estuvo prevista en los acuerdos firmados, no sólo no elimina el déficit sino que implicaría un leve incremento (ver Gráfico 5).