Finanzas y EPEC integran sus bases de datos de proveedores

  • Es a través de un convenio firmado ayer.
  • La medida evita la duplicación de tareas y funciones, lo que redundará en ahorro de recursos para el Estado y simplificación de trámites para el ciudadano.

El Ministerio de Finanzas y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) acordaron integrar sus respectivas bases de datos de proveedores con el objetivo de simplificar la gestión de las actividades diarias de la compañía eléctrica y los trámites de quienes la proveen.

El convenio fue suscripto ayer por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y el titular de EPEC, Luis Giovine en la sede del ministerio.

El acuerdo se enmarca dentro de lo establecido por la Ley de Simplificación y Modernización de la Administración que busca eliminar la duplicación de tareas y superposición de funciones en el ámbito de la administración pública.

Según especifica en el artículo 1°, tiene por objeto «promover el intercambio de información entre los organismos firmantes, a los fines de simplificar los trámites de los proveedores de la EPEC, como así también la gestión de las actividades diarias que dicho organismo realiza, mediante el acceso por parte de la EPEC a la información disponible” con la que cuenta el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) que funciona dentro de la órbita de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC).

El texto agrega que “la DGCyC otorgará a EPEC accesibilidad a la plataforma y herramientas con las que cuente, como así también, brindará asistencia técnica y asesoramiento a los efectos de la implementación de las mencionadas herramientas mediante atención especializada y capacitaciones al personal” de la empresa.

El ROPyCE cuenta en sus bases de datos con un listado de 7.409 proveedores a los que se sumarán 3.856 registrados en EPEC.

De esta manera, se unifican criterios de evaluación de proveedores, tanto de obras públicas como de bienes y servicios; EPEC no necesitará destinar recursos al mantenimiento de su propia base de datos, lo que permitirá reasignarlos a otras funciones y evitará a los proveedores realizar un doble trámite de inscripción ante dos organismos públicos.

El acuerdo no tiene fecha de caducidad e incluye cláusulas de confidencialidad respecto de los datos personales y la información “de índole económica patrimonial” que se intercambie.