Córdoba suma respaldo a su plan contra la trata

Con más de 850 establecimientos denunciados por trata de personas en Capital federal, casi 400 en Mar del Plata y alrededor de 50 en Río Gallegos, además de investigaciones que motivaron el cierre de unos 100 prostíbulos en provincia de Buenos Aires, La Alameda es una de las ONG´s con mayor reconocimiento en Argentina en el campo de la lucha contra la esclavitud sexual.

El ámbito de acción de esta sociedad civil se extiende también al combate de los delitos de tráfico de personas en general y trabajo infantil, fomentando políticas públicas que erradiquen la esclavitud en Argentina.

Conversamos con Gustavo Vera, su titular, acerca del programa de Lucha contra la Trata y la Explotación Sexual presentado por el gobierno de la Provincia.

 

—¿Qué opinión le merece el proyecto de cerrar todos los prostíbulos en Córdoba?

 

Estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Si realmente va del dicho al hecho, el gobierno de Córdoba va a contar con nuestra colaboración. No importa de qué partido o en qué región sea: hay que terminar con esta explotación abyecta. En realidad, el proxenetismo y la trata van de la mano, y hace pocos años también se incorporó crecientemente el narcotráfico.

 

—Precisamente, con simultaneidad al programa de Lucha contra la Trata Córdoba lanzó otro que combate el narcotráfico.

 

Se van a llevar la sorpresa de que muchos prostíbulos son puntos de venta de cocaína, gente de sectores acomodados que no van a comprar la droga a la villa, sino que van a las supuestas wiskerías y cabarets.

 

—¿Cuál es la proporción de explotación sexual en el escenario general de la trata de personas?

 

Es abrumadoramente alta y podemos decir dos cosas. Primero que el “cuentapropismo” en materia de prostitución es un fenómeno claramente en extinción no sólo en Argentina sino en el mundo, porque las mafias del crimen organizado han copado la parada. Incluso es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global, pero que en Argentina tiene un acentuamiento bastante agravado. Segundo, que en Argentina tenemos un piso mínimo de 8 mil prostíbulos distribuidos en todo el país, donde existe explotación sexual por cuenta ajena que generalmente se vincula con la trata de personas y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de aquellas mujeres que están en situación de prostitución. Los casos del mal llamado “Loco de la ruta”, en Mar del Plata, cuando se asesinaba a mujeres en situación de prostitución, fueron en realidad el preludio de lo que sería el fenómeno de la explotación sexual en manos exclusivas de los proxenetas y los tratantes de personas.

 

—Gente que estaba forzando a esas mujeres a prostituirse y trabajar para ellos.

 

Exacto. Fue lo que ocurrió en el transcurso de estos 10 años: una concentración del negocio en manos de los proxenetas y los tratantes.

 

—Se observa un reclamo de intervención estatal. Pero cuando se hace efectiva, esa intervención es objetada desde algunos sectores.

 

Se lo voy a responder en términos callejeros: yo creo que ninguna mujer nace para puta. Y creo que una mujer cuando está ejerciendo la prostitución, en caso que sea o intente serlo por cuenta propia, no es por una situación de elección natural, sino por situaciones de extrema vulnerabilidad o necesidad que la llevan a eso. En esas situaciones de extrema vulnerabilidad siempre hay un tercero que aprovecha para hacerles sentir que si no trabajan bajo la égida de estos tipos las van a seguir explotando.

 

—¿Está de acuerdo con que las ONG´s deben trabajar junto al Estado en estas temáticas?

 

Estoy de acuerdo cuando el Estado tiene voluntad efectiva de luchar contra este flagelo. Porque hubo momentos de la historia argentina en los que el Estado en vez de luchar era cómplice, entonces lo que hacía en vez de prestar colaboración era atacar a las ONG´s que criticaban duramente la situación de trata y trabajo esclavo, y cooptar a aquellas que podían servirles a hacer “como si” luchaban contra el fenómeno. Obviamente, en lo formal estoy totalmente de acuerdo: las ONG´s deben colaborar con el Estado, y el Estado no debe cooptar a las ONG´s para esconder la realidad que hay sobre la trata y el tráfico de personas.