- La Secretaría de DDHH de la Provincia adhirió al documento emitido por el Consejo Federal de DD. HH. de la Nación que repudia los ataques sufridos.
- Sostiene que se deben sancionar judicialmente a los responsables y a la vez concientizar a los ciudadanos/as sobre sus derechos.
- Se convino en articular acciones y propuestas para construir una Argentina sin violencias.
El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Calixto Angulo, participó en la reunión virtual que se hizo esta mañana entre todas las provincias del país. El encuentro se realizó para repudiar los actos de violencia institucional que se han manifestado últimamente en diferentes ámbitos.
El encuentro estuvo coordinado por el Secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien estuvo acompañado por las máximas autoridades del Organismo y de las distintas jurisdicciones de la Argentina. En la reunión manifestaron su preocupación por los hechos de violencias que se vienen gestando en las diferentes provincias.
Calixto Angulo, expresó su adhesión al documento elaborado y dijo que el único modo de combatir la violencia institucional, es sancionando judicialmente a sus autores, por un lado, y por el otro, trabajar en la profesionalización de las Fuerzas de seguridad. También, el funcionario del ministerio de Justicia de Córdoba, consideró que es necesaria la participación activa de la sociedad civil en donde los organismos de derechos humanos acompañan y se comprometen a brindar herramientas para combatir este flagelo.
El documento elaborado por el Consejo Federal invita a luchar por una “Argentina sin violencia institucional”. Señalan que es necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen circunstancialmente; y que esas políticas de Estado involucren a los tres poderes de gobierno. Un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento, juicio y castigo de los/as responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes y que garanticen el juicio y castigo.
Entienden que esta problemática se previene con decisión política: visibilizando el problema, sancionando política y judicialmente a los/as responsables y concientizando a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos.
