- El organismo consiguió reducir a menos de una semana los plazos para trámites que se medían en meses.
- La capacitación y el acompañamiento al ciudadano utilizando canales de atención virtuales fueron claves.
A través de la transformación digital y el expediente digital, la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) del Gobierno de Córdoba logró optimizar la prestación de servicios que ofrece a la comunidad.
Con estos avances, la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), por ejemplo, pueden inscribirse en menos de una semana.
Los plazos se redujeron al permitir que el ciudadano aporte el capital social en el mismo trámite sin ir al banco. Además, se integraron las bases de datos con el Registro Civil y ARCA (ex AFIP) para validar identidad y condición fiscal.
También se automatizó la publicación en el Boletín Oficial y el pago online de la tasa retributiva.
Por otro lado, el sistema de carga del trámite tiene modelos pre aprobados que reducen el margen de error, lo que simplifica tanto la carga como el estudio del trámite.
De esta forma, el ciudadano no tiene que asistir al banco, a ARCA, al Boletín Oficial Electrónico (BOE) ni a una ventanilla para abonar la tasa.
Como resultado, las sociedades salen inscriptas junto con su número de CUIT, y a su vez, se realiza de manera automática la devolución del capital social integrado y la publicación en BOE.
La IPJ, dependiente del Ministerio de Economía y Gestión Pública, implementó diversas medidas para optimizar los procesos de trámites.
Entre ellas se destaca la validación simplificada, que realiza un estudio completo y exhaustivo en la primera presentación del expediente, especificando todas las causales de rechazo en una sola instancia.
También se adoptó una normativa ágil que establece únicamente los requisitos esenciales, la optimización por tracto registral que asegura la inscripción de los trámites en orden cronológico, y disponibilizó información técnica mediante instructivos en la página web y capacitaciones virtuales.
Además, se fortaleció el acompañamiento al ciudadano a través de canales de atención virtuales. Gracias a estas mejoras, los ciudadanos presentan sus trámites con mayor precisión, lo que permitió reducir los rechazos en expedientes de asambleas y reuniones del 58% al 45%.
La digitalización de los datos además permitió que la IPJ ponga a disposición, de manera permanente, gratuita y automática toda la información pública inscripta en el Registro Público de las S.A., S.A.S., S.R.L., Asociaciones Civiles y Fundaciones.
Esto no solo facilita las gestiones de otros organismos estatales y privados, sino que también proporciona transparencia a los ciudadanos sobre la información de su entidad y de otras entidades con las que puede necesitar establecer vínculos.
De izquierda a derecha: Verónica Sanz, directora de IPJ Córdoba; Guillermo Acosta, ministro de Economía y Gestión Pública; Marta Pardini, subinspectora General de Justicia y Daniel Vítolo, Inspector General de Justicia de la Nación (noviembre 2024).
Córdoba, pionera
Todos esos avances fueron presentados en el marco del Congreso Nacional de Organismos de Control de Personas Jurídicas y Registros Públicos, que organizó IPJ Córdoba en noviembre pasado y reunió a autoridades de organismos de control de todo el país.
Durante el encuentro de tres días – que fue encabezado por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta – se abordaron temáticas de interés vinculadas a la tarea de control de la legalidad, registración y fiscalización de la vida institucional de entidades civiles y comerciales; tales como sociedades, asociaciones civiles y fundaciones.
Participaron funcionarios del Gobierno nacional y de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén, Formosa, Chubut, Catamarca, San Luis, Santa Fe, Río Negro, San Juan, Corrientes y Mendoza.
En la oportunidad, IPJ Córdoba compartió los avances en materia de seguridad jurídica que posibilitó el proceso de transformación digital que lleva adelante el Gobierno de la Provincia y que ha permitido hacer más eficiente la prestación de los servicios que brinda; mejorar la calidad de atención a los ciudadanos y reducir el plazo de tramitación de los expedientes.