Mediante el decreto N° 624, que lleva la firma del gobernador José Manuel de la Sota, la Provincia creó la Oficina de Investigaciones Administrativas cuyo funcionamiento esta bajo la dependencia del Fiscal de Estado de la Provincia.
Ante la necesidad de centralizar en una sola área la realización de investigaciones administrativas, el nuevo organismo, que abarcará las investigaciones que se sustancian en la administración centralizada, descentralizada, entes autárquicos, agencias y sociedades del Estado, será especializado y profesional, especialmente avocado a una tarea que garantizará imparcialidad y eficiencia.
Dicha Oficina, además, pondrá en conocimiento de la Procuración del Tesoro cualquier acto o hecho que pudiera constituir un ilícito y/o que afectare el patrimonio del Estado. También tendrá facultades para solicitar, a todas las áreas, todos los informes y/o actuaciones que estime pertinentes, debiendo éstas prestar toda la colaboración que les sea requerida por dicha Oficina.
Entre algunas de sus las ventajas, la nueva oficina permitirá agilizar los trabajos sin dispersión de recursos humanos y asegurará mayor imparcialidad en los investigadores al desarrollar sus funciones en un ámbito laboral diferente al de los agentes a investigar. En definitiva, la estructura propuesta tiende a procurar una mayor posibilidad de descubrimiento de la verdad real de los hechos que se sometan a su conocimiento.
Asimismo, la centralización importará la formación de criterios uniformes pudiendo, de ese modo, establecer parámetros, pautas de trabajo y acciones comunes, que agilizarán la tarea a desarrollar.
Finalmente la Oficina de Investigaciones Administrativas actuará de oficio o a solicitud de las áreas respectivas y podrá hacerlo aún en los casos que los titulares de las jurisdicciones o de las distintas reparticiones se manifestasen en relación a la innecesariedad de su realización.