El organismo de Naciones Unidas especializado para el seguimiento de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), en sus observaciones a la Argentina, manifestó preocupación porque el sistema de justicia de menores sigue estando administrado por la Ley Nº 22278, a pesar de su incompatibilidad con la Convención.
El comité reiteró su recomendación al país de adoptar una ley integral sobre justicia juvenil consistente con la Convención y normas internacionales sobre justicia juvenil, particularmente en relación a garantizar que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible de tiempo, y que no incluya disposiciones que aumenten las sentencias o reduzcan la edad de responsabilidad penal.
En su amplio informe que abarca todos los derechos y diferentes situaciones de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, el comité encomendó que la educación en salud sexual y reproductiva sea parte de la currícula escolar obligatoria, con especial atención a la prevención del embarazo precoz y las infecciones de transmisión sexual, y que se desarrolle con la participación de adolescentes y niños. A su vez, el organismo especializado solicitó al país garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y atención postaborto para niñas adolescentes, asegurando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta.
Si bien el comité celebró la designación en cinco provincias de Defensores del Niño -entre ellas Córdoba-, el organismo recomendó a la Argentina adoptar las medidas necesarias para que la Comisión Bicameral acelere el nombramiento de Defensor Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con una asignación adecuada de recursos humanos, técnicos y financieros.
Todos los Estados que firman y ratifican la CDN presentan cada cinco años un informe oficial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, y sobre los avances en el cumplimiento de sus derechos. El comité contrasta el informe oficial con los “informes sombra” que elaboran las organizaciones de la sociedad civil, y con los documentos que emiten expertos independientes, para hacer una devolución. El comité aprobó el 1 de junio las observaciones finales a los informes periódicos quinto y sexto presentados por Argentina, y a las respuestas entregadas por el Estado argentino ante requerimientos específicos.
Las observaciones que el comité emite constituyen herramientas para exigir al Estado el cumplimiento de estándares de derechos humanos.