El ministro de Finanzas de Córdoba, Ángel Mario Elettore, presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia los documentos que avalan la demanda que la provincia le entabló a la Nación por el incumplimiento del convenio firmado en 2010, para solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones, y que según estimaciones oficiales, ronda los 8.000 millones de pesos.
A través de esos documentos «demostramos que en el 2010, el Gobierno Nacional pagó lo que habíamos convenido oportunamente, y luego, sin que mediaran advertencias o ningún otro tipo de comunicación, dejó de hacerlo», explicó Elettore a la prensa, al término del encuentro que por espacio de dos horas mantuvo en el máximo tribunal.
El funcionario destacó que esa deuda, más otras que el Gobierno Nacional mantiene con Córdoba, como obras públicas hechas por la provincia a pedido de la Nación, y que nunca le giró los fondos «suman unos 14.000 millones de pesos, que podríamos utilizar para seguir apuntalando el crecimiento de la provincia».
Elettore criticó «la política de discriminación» que llevo adelante el Gobierno Nacional contra la provincia, que se reflejó incluso en que «no nos dieran fondos para paliar las inundaciones (de febrero) como sí le dieron a la provincia de Buenos Aires, y apenas nos dieron un crédito por 500 millones de pesos, que no terminaron de desembolsar».
«No nos dieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no nos dejaron endeudarnos en el exterior, no nos giran los fondos que nos deben, nos cortaron los giros de fondos para la Caja (de previsión) sin mediar advertencia, son políticas de clara discriminación contra la provincia», reiteró Elettore a la salida del Palacio de Tribunales.
En la víspera, el titular de la Caja de Previsión de Córdoba, Osvaldo Giordano, habló ante el tribunal explicando las razones del conflicto y estimó que lo adeudado desde el 2011, más los otros años, a valores actualizados, arrojan una deuda solo en el plano previsional de 8.000 millones de pesos.
Esta causa continuará la semana próxima con nuevos llamados a autoridades nacionales y de la provincia para que sigan aportando pruebas.
Más allá de la marcha del proceso, el pasado 13 de agosto, el Gobernador José Manuel de la Sota le pidió a la Corte Suprema de Justicia que suspenda el cobro que –de manera automática– hace la Nación a los cordobeses, “hasta tanto este tribunal resuelva las demandas que nosotros hemos presentado por la deuda que la Nación tiene con Córdoba».