• Los becarios completarán su formación durante 12 meses
  • El Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano
  • El Ministro de Salud, Francisco Fortuna
  • Comenzó la Formación de Orientadores Judiciales

En el Auditorio del Ministerio Público Fiscal, comenzó esta mañana el primer ciclo de Formación de Orientadores Judiciales, en el marco de un convenio de colaboración firmado el año pasado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público Fiscal. Se trata de una prueba piloto encarada por ambas dependencias, que incluye a ocho licenciados en Trabajo Social, que cursarán un programa de formación teórico-práctico durante 12 meses.

Estos profesionales completarán sus prácticas en seis unidades judiciales de la ciudad de Córdoba (las número 1, 3, 5, 9, 15 y 22), que son las que tienen mayor afluencia de público y actividad. Mientras cursan esta formación, percibirán una beca, con características similares a las de una residencia en salud; para ello el Ministerio Público Fiscal invertirá unos tres millones de pesos.

Esta primera edición del curso se implementa a modo de prueba piloto, con un cupo reducido, con la intención de evaluar la experiencia y luego ampliarla hacia toda la provincia. Cabe señalar que su articulación se realiza a través de la Dirección General de Capacitación y Formación en Salud, con el modelo de las residencias en salud, cuyo reglamento se aplica en todos los aspectos relacionados con la misma. La supervisión de las prácticas de los becarios está a cargo de los ayudantes fiscales.


“Tenemos muchas expectativas y esperanzas con este proyecto, que integra lo que conocemos como nuevo modelo de unidad judicial, que aspira fundamentalmente a mejorar el servicio hacia la gente”,
explicó el Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano.


Este objetivo no implica solo acortar los tiempos de atención y espera en el Poder Judicial, sino también brindar una atención de calidad; de allí -destacó Moyano- la importancia del rol que tendrán a futuro estos profesionales.

El Fiscal también recordó que las personas que llegan a una Unidad Judicial lo hacen con un problema, que a veces no puede abordarse solo desde una perspectiva jurídica y remarcó que los trabajadores de la Justicia son antes que nada, servidores sociales.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Fortuna, subrayó el aspecto innovador de esta capacitación, y valoró “la contención, la actitud y el compromiso de los profesionales que tomarán el primer contacto de la gente con el sistema”.


“Esta experiencia nos va a enseñar a nosotros y a ustedes cuál es la mejor manera de desarrollar este proyecto, que es un desafío, pero también, un paso adelante muy importante en cuanto a la calidad de atención y al derecho de las personas”,
aseguró Francisco Fortuna, ministro de Salud.


La figura del Orientador Judicial

Este proyecto se basa en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas que han sido víctimas de un hecho delictivo, poniendo el foco no solo en el daño producido por el hecho en sí, sino también al enfrentarse a las incidencias del entramado jurídico.

Es fundamental tomar medidas que propendan a asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas, y garantizar un trato digno en un entorno que le proporcione confianza, tranquilidad y seguridad.

El Ministerio Público Fiscal identificó en la profesión de la Licenciatura en Trabajo Social el conocimiento socio-jurídico, la experiencia y la formación en instituciones necesarios para cumplir de manera eficiente esta nueva figura del orientador judicial.

Debido a la experiencia que tiene el Ministerio de Salud en el dictado de posgrados en servicio en el formato de residencias, se enmarcó en esa figura esta formación.

Los aspirantes cumplirán un programa de 40 horas semanales, distribuidas de lunes a sábados; con un 85 por ciento de práctica y un 15 por ciento de formación teórica.


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