El Gobernador José Manuel de la Sota concurrió este mediodía a los Tribunales, en Buenos Aires, para presentar ante la Corte Suprema de Justicia una Acción Declarativa de Certeza, tendiente a obtener una declaración judicial de inconstitucionalidad respecto a la exigencia de la Nación para que la Provincia desestime los juicios iniciados contra el Gobierno Nacional.
El requerimiento está expresado en el artículo 5 inciso F del convenio a suscribir por el Estado Nacional con la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa de Desendeudamiento” de las provincias argentinas.
La Provincia de Córdoba considera que dicha cláusula violenta en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 16 (derecho de igualdad y no discriminación), 17 (derecho de propiedad), 18 (tutela judicial efectiva) y 19 (legalidad y razonabilidad) de la Constitución Nacional; ya que de manera arbitraria y discriminatoria respecto del resto de las jurisdicciones provinciales, establece una condición de imposible cumplimiento –la renuncia a las acciones judiciales entabladas contra el Estado Nacional ante esa Corte Suprema- cercenando de tal manera la posibilidad de acogerse a los beneficios del mencionado programa con menoscabo del patrimonio provincial.
Este trato discriminatorio repercute negativamente en la situación económico- financiera de la Provincia de manera actual y directa, ya que al no tenerla por acogida al “Programa de desendeudamiento para las Provincias Argentinas” mencionado, no solo no formó parte de la distribución de la Ayuda del Tesoro Nacional (ATN) realizada al 31 de diciembre de 2013, sino que, automáticamente, se afectó la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponde al pago de la deuda que mantiene con la Nación, cuyo plazo de gracia hubiese sido prorrogado de mantenerse dentro del Programa.
Mediante la presentación, la Provincia solicita se ordene al Estado Nacional otorgar a Córdoba idéntico tratamiento que al resto de las jurisdicciones incluidas en el “Programa de desendeudamiento” y atento la expresa manifestación de voluntad de la Provincia de Córdoba de acogerse al mismo, se cumplan las pautas previstas en la Resolución Ministerial 36/2013 citada, a saber: a) recalcule la deuda de la Provincia de Córdoba, imputando para su determinación la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional que le hubiere correspondido a Córdoba, si se hubiese firmado el Convenio a que alude la Resolución Nro. 36/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, incluyendo también los montos descontados de la Coparticipación Federal desde el mes de Enero hasta la fecha, y b) que se determine la deuda conforme el saldo resultante; el que deberá tener el tratamiento previsto en la citada Resolución (vigencia del plazo de gracia a los fines de su pago).
Como Medida Cautelar, se solicita que, por el plazo de un año se ordene la suspensión de las retenciones que le vienen efectuando a la Provincia de Córdoba de los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos, derivadas de los convenios bilaterales en el marco del “Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, suscriptos con fecha 18 de agosto de 2010 y 28 de diciembre de 2011, dado el perjuicio inminente y concreto que su aplicación supone para esta parte.
El Gobernador De la Sota estuvo acompañado por el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba y el ministro de Finanzas Ángel Elettore; y el letrado patrocinante, Dr. Alberto García Lema.