Diez personas demoradas, seis vehículos secuestrados y dos establecimientos clandestinos clausurados fue el resultado fr un control a cargo de personal del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía y la Policía de la provincia, durante el cual se detectó de la extracción ilegal de áridos sobre márgenes del río Tercero, a la altura de las ciudades de Villa María y Villa María.
Los infractores no contaban con ningún tipo de autorización de la Provincia para realizar la actividad, ni se encontraban inscriptos en el registro de extractores de áridos. Esta actividad irregular estaba produciendo un importante daño en el cause del río, lo que podría haber provocado el descalce de puentes y estructuras de hormigón de no ser interrumpida.
En marzo de 2012 el gobernador José Manuel de la Sota firmó el Decreto 43 que hizo caer todos los permisos otorgados hasta el día de esa fecha para la extracción de áridos, y la obligación de un nuevo empadronamiento para los interesados en realizar la actividad.
Esto permite ejercer un control adecuado sobre las explotaciones que se otorgan, previo el empadronamiento y habilitación correspondiente, teniendo como objetivo la preservación y equilibrio de los sistemas hídricos superficiales como también la prevención de efectos perjudiciales ante el exceso hídrico, como consecuencia de extracciones incorrectas o excesivas de áridos.
Entre los vehículos secuestrados se encontraban cuatro camiones, una pala cargadora y un equipo rastreador, los que quedaron bajo custodia de la departamental Villa María de la policía. La carga de los camiones (80 m3) fue devuelta al río.