Como parte de la aplicación de la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género de todas las personas que integren los tres poderes del Estado, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración recíproca, entre el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial de Córdoba.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Farfán, junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollatti sellaron el compromiso para avanzar en una nueva etapa de la implementación de la Ley provincial 10.628.
El convenio remarca el reconocimiento al trabajo que viene desarrollando el Poder Judicial en la temática y señala que la autoridad de aplicación -el Ministerio de Justicia junto a sus secretarías- dará por “cumplimentada la obligación con la sola comunicación que le haga el Poder Judicial de las capacitaciones a brindarse en su ámbito”.
Entre los principales objetivos que se persigue con la ley nacional 27.499, a la cual Córdoba primero adhirió y luego reglamentó en agosto pasado, se pretende sensibilizar al personal de la administración pública provincial en materia de género, violencias y derechos humanos; reflexionar sobre su rol en estas temáticas; brindar herramientas legales y teóricas para construir un rol de personal estatal garante de la igualdad de género, y construir modalidades de atención específicos frente a la igualdad de género.