Tras la orden de la Justicia de colocar el primer dispositivo dual electrónico en un hombre acusado de violencia de género, el ministro Luis Angulo resaltó que “se trata de una decisión política del Gobierno Provincial de seguir trabajando y profundizando las acciones tendientes a la preservación de la vida y la salud psicofísica de las mujeres que eventualmente pueden ser víctimas de violencia de género”.
Angulo explicó que “en base a un convenio suscripto con el Ministerio de Justicia de la Nación en septiembre del 2016, se acordó la entrega de 30 dispositivos duales”. El sistema se compone de una pulsera que se coloca en el tobillo del hombre violento y que va acompañado de otro aparato que debe llevar consigo. Por su parte, la mujer lleva un dispositivo similar a un botón antipánico.
“Lo importante es que hoy, por primera vez, se ha colocado a un agresor una tobillera que debe llevar de manera obligatoria y permanentemente; porque si pretende destruirlo o sacárselo se activa una alerta para la Policía y esa persona es detenida. Para este caso, la jueza que interviene ha dispuesto un radio de protección de 1.500 metros”, explicó el ministro Angulo.
Ante la eficacia de este dispositivo en comparación con el botón antipánico, el ministro Luis Angulo expresó que “Nosotros vamos a seguir utilizando el botón antipánico porque ha dado un buen resultado, ha salvado la vida de muchas mujeres. De todas maneras, esta (el dispositivo dual) es una experiencia piloto que aplicará en casos excepcionales, veremos cómo funciona y seguramente se transformará en un elemento de mayor seguridad para las víctimas de violencia de género y los jueces serán quienes extiendan el uso de estas tobilleras a otros casos”.
Nuevas disposiciones para las visitas de internos
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, con fecha 31 de enero 2017, ha dictado una resolución que dispone, ante el requerimiento de mujeres que solicitan una visita común o íntima/conyugal, intervenga obligatoriamente el Consejo Correccional e Interdisciplinario para el caso de internos condenados y procesados respectivamente.
La intervención obligatoria de estos Consejos, -conformados por abogados, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos del Servicio Penitenciario-, es para determinar si en base a los estudios y los antecedentes de los internos privados de su libertad se deben conceder o no las visitas. En caso de autorizarse las actuaciones deben elevarse al juez competente y serán ellos quienes determinen si se autorizan o no las visitas.
“Nos parece que es importante la intervención del Poder Judicial porque puede, eventualmente, disponer medidas probatorias como pericias psicológicas y psiquiátricas que puedan ayudar al Poder Judicial a definir si la persona que está solicitando la vista está en condiciones de recibirla y proteger a la persona que la esta visitando. No estamos prohibiendo las visitas, solo las estamos reglamentando y derivando a los jueces competentes”.
Una tercera cuestión que destacó el ministro Angulo de esta resolución es la referida al “consentimiento informado”. Una vez concedida la vista, la mujer que quiere visitar al interno será convocada por un equipo de profesionales de sexo femenino, competente y con perspectiva de género, que le informará acerca de los antecedentes penales y psicológicos que tiene el homicida o el femicida que pretende visitar y de los riesgos que corre en un encuentro.
También el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha instruido a las Secretaría de Organización Penitenciaria y a la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, ambas dependientes de su cartera, para que pongan a disposición de todos los internos detenidos por femicidios, violencia genero y violencia familiar, distintos procesos de capacitación y un abordaje integral para poder prevenir situaciones de violencia extrema en las visitas. El universos de estos internos es de más de 500 hombres.