Con el objetivo de estudiar y elaborar protocolos de actuación, que permitan fortalecer el acceso y la tutela del derecho a la salud en personas que se encuentran bajo proceso penal, bajo una perspectiva en Derechos Humanos y en el marco del nuevo paradigma de salud mental, hoy quedó constituida una mesa de trabajo interinstitucional en la que también se estimarán dinámicas de valoración del riesgo cierto o inminente de los autores de ilícitos penales.

En dicha mesa, cuya iniciativa fue impulsada por el Tribunal Superior de Justicia, en representación del Poder Judicial, también participan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Desarrollo Social y el Ministerio Público Fiscal.

Martín Farfán, titular de la cartera provincial de Justicia y anfitrión de la reunión, indicó que desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos “hay buenas experiencias en trabajos articulados con otros organismos”, y se mostró “satisfecho” por las acciones que se vienen llevando en este sentido.

“Estoy convencido que una vez concluido el protocolo de trabajo podremos resolver criterios de valoración, tener un mayor acercamiento a los conflictos y poder dar respuesta inmediata a las problemáticas de salud mental de personas bajo proceso penal”, afirmó el ministro.

A su vez, María José Salcedo Álvarez, coordinadora de la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias (OCIJI), indicó la importancia para separar funciones de valoración de riesgo entre la órbita salud y forense. “Aspiramos a que esas personas sean valoradas conforme a una lógica del médico de la salud pública y no a la mirada del riesgo, conforme a un perito forense”, dijo Salcedo Álvarez.

“La implementación del nuevo protocolo surgirá de los resultados de esta mesa de trabajo que hoy se inicia, donde, además, se deberá articular cómo se generan los dispositivos a presentar en una oficina del Poder Judicial”, agregó la funcionaria judicial.

 


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