El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Luis Angulo, presentó hoy su Programa de Reformas para trabajar en pos de una justicia ágil, eficiente y al servicio de los ciudadanos. La finalidad del proyecto es garantizar el principio constitucional de igualdad en donde todos tengan fácil acceso y a la vez reciban una solución rápida y de calidad a sus problemas. En tal sentido, con estos avances se contribuirá a darle mayor celeridad a los procesos judiciales.

Las reformas tienen como objetivo disminuir la litigiosidad, profundizar la oralidad en los distintos fueros y ampliar la digitalización para mejorar los tiempos de los procesos judiciales lo que redundará en una justicia más cercana al ciudadano.

El Gobernador Juan Schiaretti expresó su satisfacción por este proyecto de ley. “Me parece importante el consenso que estamos traduciendo hoy en proyecto de ley, para agilizar el funcionamiento de nuestra Justicia. Hay una revolución científico-técnica en marcha que debe ir hacia todos los estamentos del Estado, y también hacia la Justicia, para agilizar los procesos judiciales”, señaló el titular del ejecutivo provincial, y agregó: “Siempre es bueno revisar los procedimientos para que la gente, que es la recurre a la Justicia, tenga las resoluciones más rápido y para que se respeten los derechos humanos de aquellos que litigan y de quienes están detenidos”.

A su turno, Angulo remarcó que se trata de una “oportunidad histórica para modificar los procedimientos” en la ltigiosidad laboral. “Es una oportunidad histórica para modificar los procedimientos en la litigiosidad laboral que, si bien fueron buenos en su momento, porque plantearon la oralidad, hoy encuentra a los tribunales abarrotados y con jueces que realizan un gran esfuerzo pero no dan abasto. Y eso no se soluciona con nuevos tribunales; se soluciona modificando este paradigma cultural”, afirmó el Ministro.

Además, el titular de la cartera de Justicia explicó el porqué de la importancia en la digitalización de los expedientes: “No es posible que ante un accidente de trabajo, que está reconocido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y sólo hay una discrepancia con respecto al porcentaje de la incapacidad, ese juicio demore de tres a cuatro años; con esta reforma, esa causa debe estar resuelta en seis u ocho meses, y a más tardar en un año”.

Por su parte, Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA, celebró el impulso de esta reforma. “Toda reforma en Argentina y América Latina que trate de modernizar, actualizar y acelerar a la Justicia tiene que ser muy bienvenida. Uno de los principales desafíos que están enfrentando nuestras democracias para tener una democracia de mejor calidad y una ciudadanía con mayor paz social pasa necesariamente por modernizar y relegitimar a la Justicia”, profirió Zovatto.

El propósito es insertar cambios en los procesos judiciales para que sean más ágiles y eficientes. De esta manera, algunos juicios laborales, por ejemplo, podrían reducirse a seis meses, aproximadamente.

Con la finalidad de evitar procesos prolongados que generan abarrotamiento de causas, se propiciará la utilización del Expediente Digital. Si bien este recurso ya viene siendo implementado por el Poder Judicial a través del Sistema de Administración de Causas (SAC) en los juicios ejecutivos fiscales, notificaciones electrónicas en el Fuero Laboral y órdenes de pago electrónicas en los distintos Fueros; la idea es incrementar el uso de la tecnología para los procesos judiciales.

Con la reforma de los procedimientos, sumado a la utilización de nuevas tecnologías o su mejor aprovechamiento (en mediano plazo)se reducirán los tiempos en los procesos judiciales.Esto significa que en el caso de un juicio laboral, cuya duración hoy oscila en tres años y medio -promedio-, podría rondar los seis meses, dependiendo el tipo de juicio. En el caso del fuero civil, causas por daños y perjuicios que hoy demora unos cinco años, podría reducirse a un año.

Los proyectos que se presentarán en la Legislatura impactarán en los Fueros Penal, Laboral, Civil y Comercial:

Sobre el Fuero Penal
Se propone una reforma parcial al Código Procesal Penal Ley N° 8.123 para agilizar los procesos y establecer nuevos plazos fatales.
Implica, entre otros aspectos, posponer la resolución de recursos interpuestos en la etapa de investigación penal preparatoria para la finalización de la misma; y la transformación de ordenatorios a fatales, cuyo incumplimiento y podría llevar a la intervención del Tribunal, Juez o Fiscal, según corresponda; destacando también la oralización en la resolución de los recursos ante el Juez de control.

Sobre el Fuero Laboral
Se implementarán dos nuevos procedimientos especiales, orales y abreviados que garanticen el derecho de defensa para aquellos tipos de juicio con alta verosimilitud en el reclamo y que no exigen un amplio debate causal ni mucho volumen de prueba, tales como Despidos Incausados, Despidos Directos por fuerza mayor, falta o disminución del trabajo, salarios en mora, despidos por falta de pago de haberes o derivados de la Ley de Riesgo del Trabajo.

Son diseños procesales más sencillos que benefician tanto a los trabajadores que obtendrán más rápidamente la satisfacción de sus créditos laborales, como también a los empleadores que van a ver reducidos sus costos y poder previsionar los más fácilmente.

A través de la incorporación de nuevas tecnologías para despapelizar el expediente, se logrará reducir tiempos y costos en los procesos.

Se crearán Juzgados del Trabajo de primera instancia: Cinco en la Ciudad de Córdoba y tres en el interior: San Francisco, Villa María y Río Cuarto.

Fuero Civil y Comercial
Se modifica la actual ley de mediación (N° 8858) implementando la Mediación Prejudicial obligatoria en las causas civiles. Se pretende con esta propuesta lograr un cambio de paradigma en los ciudadanos y actores del sistema, que implique pasar de la litigiosidad a la solución del conflicto por “métodos no adversariales”. Además, permitirá reducir costos que implica la tramitación de un juicio.

En lo que respecta al proceso civil, se proyecta la implementación de una prueba piloto de oralidad, con un procedimiento que amplía las facultades del juez para delimitar los hechos y la prueba. En una audiencia preliminar también contempla una audiencia complementaria donde se concentra la producción de la prueba en forma oral, los alegatos y la sentencia.

Se incorporará el Proceso Monitorio al fuero Civil y Comercial para aquellos casos en los que la verosimilitud del reclamo es alta y tenga sustento documental fehaciente.

Por último, con la creación de la justicia vecinal se acercará al ciudadano un servicio ágil y oral para cuestiones de menor gravedad. El Juez de Paz Letrado Vecinal tendrá jurisdicción territorial en barrios o localidades y se apoyará en el Expediente Digital. Podrá atender casos referidos a la vecindad o medianería como así también en torno a derechos del consumidor o de usuario.

Estuvieron presentes, además, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti; el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González; el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano; la titular de abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, Sonia Torres; los vocales del Tribunal Superior de Justicia Domingo Sesín, Mercedes Blanc de Arabel y María Marta Cáceres de Bolatti, Sebastián López Peña; la directora de la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Ester Cafure de Battistelli; el Fiscal Adjunto del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Héctor René David; el fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 en Córdoba, Dr. Carlos María Casas Nóblega; el Fiscal Federal, Dr. Gustavo Vidal Lascano; el Vocal del Tribunal Ordinario, Carlos Lascano; el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Oscar Echegaray; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, Mario Capdevila; el miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Guillermo Barrera Buteler; el vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba y decano de la Facultad de Derecho, Pedro Yanzi Ferreyra; el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, Carlos Francisco Ferrer; el presidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Córdoba, Gonzalo Pauli; el presidente de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Córdoba, César Arese; el exministro de Trabajo de la Provincia, Jorge Sappia; legisladores y funcionarios provinciales; y jueces y representantes de la Justicia Federal y Provincial.


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