Se realizó ayer la tercera audiencia para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional de reforma del sistema penal juvenil -que modificará la ley 22.278-, ante tres comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad de la reforma, de 16 a 15 años para los adolescentes que cometen delitos con penas superiores a los 15 años, el régimen de inimputables, y prescripción, fueron los ejes de las 50 presentaciones de magistrados, fiscales, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones vinculadas a la niñez.
La posición de la provincia de Córdoba estuvo representada a través de José Piñero, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), -que a su vez habló en nombre del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF)-, y de Marycel Segovia, especialista de niñez, docente de la UNC y asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Más del 80% de los expositores se pronunció por mantener la edad de imputabilidad en los 16 años, rechazando de esta manera el proyecto remitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación” dijo Piñero.
Durante su exposición, el funcionario cuestionó el sentido punitivo de la norma, e indicó que la respuesta a los hechos cometidos por niños de 15 años se encuentra en el Sistema de Protección Integral de Derechos. “Las políticas de exclusión generan inseguridad, y ésta no puede ser combatida con mayor encierro de niños y niñas, sino con políticas sociales activas y mayor prevención” señaló.
Para ejemplificar, Piñero rescató las políticas públicas implementadas en Córdoba, en cuanto establecen centenares de talleres de capacitación en oficios y planes de empleo que favorecen a miles de jóvenes; centros de prevención en materias de adicciones; Casas Abiertas que trabajan de manera preventiva en los barrios populares, entre una diversa cantidad de planes y programas sociales.
El titular de SeNAF también formuló apreciaciones críticas respecto al tratamiento que el proyecto de ley brinda a los inimputables; a la creación de un Equipo Interdisciplinario que absorbería funciones que hoy tienen los organismos de niñez (lo que es rechazado por el COFENAF), así como a la creación de una Oficina de Información sobre niñez y adolescencia en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia, que resulta más gravoso que el Código Penal vigente.
Marycel Segovia, cuestionó al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional por no tomar en cuenta los consensos obtenidos en las Mesas de Trabajo convocadas en el año 2017 por el Ministerio de Justicia de la Nación. Y consideró fundamental la articulación entre el Sistema de Protección Integral y el de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que los y las jóvenes en conflicto con la ley penal siguen siendo plenos sujetos de derechos y el Estado está obligado a garantizar su acceso a los derechos.
Entre otros destacados referentes también expuso sus diferencias, el comisionado del Comité de Derechos del Niño de la ONU, el uruguayo Luis Pedernera. Este manifestó la preocupación del Comité de Naciones Unidas con el proyecto de ley, por no seguir los estándares recomendados en materia penal juvenil. Entre otras diferencias, cuestionó que el proyecto gire sobre medidas de privación de la libertad de los niños y niñas, indicando que ésta debe ser la medida de excepción y por el menor tiempo posible.