En una última reunión concretada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que estuvo presidida por su titular, Luis Angulo, se consensuó la propuesta definitiva del proyecto de ley para regular el procedimiento en caso de sustracción internacional de menores.
El proyecto de ley, que cuenta con la coordinación de la cartera de Justicia y que ya fue elevado a la Legislatura de la Provincia para su tratamiento, fija procedimientos más expeditivos para resolver casos de sustracción internacional de niños.
La propuesta procura prevenir el significativo incremento que viene teniendo en los últimos tiempos la situación de traslados irregulares o ilícitos de niños de un Estado nacional a otro. Como, asimismo, las circunstancias que se generan cuando la Justicia demora años en expedirse en casos de niños que son separados de alguno de sus padres.
El texto contiene 20 artículos que incluyen varias novedades, entre ellas, la obligación de escuchar la opinión de los niños durante el proceso, y la determinación en detalle de cada paso procesal que debe darse en cada instancia. Esto último, con el fin de reducir al máximo la duración de los trámites para la restitución.
“El nuevo procedimiento que impulsa el Gobierno de Córdoba tiene un objetivo prioritario y fundamental, como es la preservación de la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes, que con este procedimiento van a tener un mayor amparo del Estado», sostuvo el Angulo. De esta forma, se cumplimentan los Tratados Internacionales en cuanto a la preservación del “interés superior del niño”, concluyó el Ministro.
La comisión encargada de elaborar el proyecto de ley estuvo integrada por Graciela Tagle de Ferreyra, ex jueza provincial, autora de la iniciativa y especialista en el tema, y representantes del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados, quienes trabajaron bajo la coordinación de la secretaría de Justicia provincial, Laura Echenique.
De esta manera, Córdoba vuelve a ser señera en esta materia, porque una vez aprobado el proyecto implicará contar con una norma de procedimiento que garantizará celeridad, inmediación, oficiosidad, economía procesal, restricción del marco probatorio y limitación recursiva en procura de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar en ellos daños emocionales que en muchas ocasiones pueden ser irreversibles.
Existen varias convenciones internacionales que se ocupan de las restituciones de niños que fueron trasladados de manera ilegal a otro país, entre ellas el Convenio de La Haya de 1980 aprobada en nuestro país por la ley 23.857, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989, que la Argentina incorporó a su derecho interno por Ley 25.358, siendo de competencia provincial su ley de procedimiento.