Martín Farfán, ministro de Justicia y Derechos Humanos, inauguró ayer el primer encuentro de una Mesa de Trabajo Interinstitucional, para profundizar en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad con perspectiva de género.
Farfán convocó a una reunión en donde participaron todos las reparticiones y sectores que tienen incidencia en las políticas destinadas a los sectores de mayor situación de vulnerabilidad social. Participaron el ministro de Salud, Francisco Fortuna; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti; el arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, Carlos José Náñez; la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Laura Jure; funcionarios del Gobierno provincial y del Poder Judicial; y Roxana Gauna, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba.
El motivo del encuentro, señaló Farfán, fue compartir el diagnóstico y las medidas que está realizando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la situación de malestar o angustia que atraviesan las mujeres privadas de su libertad. “Y conformar una Mesa de Trabajo para recibir aportes, y realizar los cambios que sean necesarios”, subrayó el funcionario.
Durante el encuentro se expusieron los primeros resultados del Observatorio de prevención de la violencia de género y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, creado aproximadamente hace tres semanas y conformado de manera interdisciplinaria por profesionales del Polo de la Mujer y de la Secretaría de Justicia, con la colaboración de otras instituciones. Tanto Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, como Cecilia Lanzarotti, secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, marcaron que tras más de 70 entrevistas con las internas, la ausencia de visitas es una de las razones más importantes que las desestabilizan. «A las mujeres les afecta no sólo lo que pasa adentro sino el afuera, su preocupación por los hijos, familiares y una serie de situaciones que siguen estando bajo la respuesta de la mujer aunque no pueda darla», describió Martínez.
«Hay un porcentaje muy alto de mujeres procesadas que no saben qué va a pasar con ellas, ni tienen quien las defienda, y todo su entorno ha desaparecido», contó Lanzarotti, sobre la realidad de internas del EP3 de Bouwer, lo que se traduce en mucha incertidumbre. «Y es un número importante las que están procesadas pero son de otras provincias, por lo que se dificulta el contacto con la familia», agregó.
Para encontrar la respuesta a estas necesidades y brindar la contención necesaria, es que se abre este espacio de trabajo interinstitucional. «Lo que haya que hacer no lo podemos hacer solos, necesitamos de los aportes de otras áreas del Estado y la sociedad civil, pero para que el aporte sea adecuado y eficaz tiene que ser coordinado, por lo que Cecilia Lanzarotti será la encargada de coordinar esta Mesa de trabajo», anunció Farfán.
El ministro, junto a las secretarias presentes, comentaron los cambios que ya están incorporando dentro del Servicio Penitenciario para modificar la situación de las mujeres privadas de su libertad. «Dispusimos junto al Ministerio de Salud, que haya un servicio de salud mental disponible las 24 horas durante el fin de semana», contó Farfán. «Estamos trabajando con las familias de las internas y con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para ver qué sucede con las visitas de los hijos e hijas y facilitando el encuentro», relató Martínez.
Además, participaron de la reunión, la secretaria de Justicia, Laura Echenique; Carlos Casas Nóblega, fiscal de la Cámara Federal; José Fabián Asís, presidente del Juzgado Oral Federal; David Dib, colaborador del Equipo de Antropología Forense; Juan María Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba; y representantes del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal y de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.