El gobernador Juan Schiaretti refrendó hoy un convenio para refaccionar y poner en valor el Archivo Provincial de la Memoria (ex D2), el Campo de la Ribera y La Perla, tres espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.
El convenio fue firmado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, José García.
Ambos Ministerios son los que tendrán a su cargo el proyecto, que demandará una inversión, en una primera etapa, de 15 millones de pesos. La iniciativa contempla la restauración y refacción de salas para muestras permanentes y transitorias, y la restauración de fachadas y pinturas. También se realizarán tareas de mantenimiento en general, curado de cubiertas, acondicionamiento climático y obras de infraestructura, tales como cloacas, sanitarias y de agua, entre otras.
Cabe recordar, que a través de la Ley Nacional N° 26.691 se declararon Sitios de Memoria del terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal durante el terrorismo de Estado, ejercido hasta el 10 de diciembre de 1983.
Y, en ese marco, la Legislatura de Córdoba sancionó, en el año 2006, la Ley 9.286, por la cual se creó el Archivo Provincial de la Memoria, como organismo con plena autonomía funcional y económica, que gira bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En la actualidad, los sitios mencionados han sido reconvertidos como espacios de investigación, educación y promoción de Derechos Humanos.
Principales detalles de las obras a realizar:
-Archivo Provincial de la Memoria (ex D2): Restauración y refacción de salas para muestras permanentes y transitorias, y restauración de fachada y pintura. Superficie cubierta proyectada de 140 m2, superficie semicubierta proyectada de 85 m2, y superficie a conservar y puesta en valor de 250 m2.
-Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Campo de la Ribera”: Superficie cubierta a restaurar para su puesta en valor de 1.500 m2; superficie cubierta para refuncionalizar y refaccionar de 380 m2; superficie cubierta refuncionalización y refaccionar una sala de usos múltiples (SUM) de 180 m2.
-Espacio para la Memoria “La Perla”: Tareas de mantenimiento en general, curado de cubiertas y acondicionamiento climático. Pabellón de visitantes: tareas de puesta en valor, mantenimiento y refacción en 250 m2; Infraestructura del predio, cloacas, sanitarias y de agua.
Durante el acto, Schiaretti repudió el horror de la dictadura genocida, a la vez que ratificó su compromiso con los Derechos Humanos y a la democracia, a la tolerancia y al pluralismo de ideas y pensamientos. En esta línea, agregó el gobernador, es decisión de su gobierno preservar los sitios de la Memoria, porque son los que siempre estarán allí para las futuras generaciones diciéndoles ‘vean el horror que pasó’.
A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, se refirió a la decisión del gobierno de avanzar en la recuperación y puesta en valor de estos edificios: “El Estado tiene una obligación indelegable de preservar los Sitios de la Memoria. Pero, fundamentalmente, esa preservación tiene que ver con esta necesidad de resaltar el ‘No olvido’, el ejercer permanentemente la memoria de los hechos horrorosos, que se produjeron en esos campos de exterminio, de detención y de desaparición de personas”.
Sonia Torres, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, participó del acto y agradeció la gestión y el aporte del Gobernador y del Ministro. “Esto, de alguna manera, reivindica la lucha de nuestros hijos, quienes quedaron en las sombras. Pero no desaparecieron, están más presentes que nunca, y mucho más ahora que se van a remodelar los Sitios de la Memoria, donde serán reconocidos”, indicó emocionada.
A la firma del convenio asistieron además, el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano; integrantes del Gabinete provincial; magistrados de la Justicia Federal; legisladores; y representantes de organizaciones sindicales.