El gobernador José Manuel de la Sota anunció que el Ejecutivo Provincial enviará a la Legislatura un proyecto de ley que establecerá la obligación de forestar por lo menos el 1% de las 8 millones de hectáreas productivas que tiene la provincia. La iniciativa prevé incorporar 80.000 hectáreas más de bosques en los próximos dos años.
De la Sota explicó que el proyecto busca proteger los suelos productivos de la erosión eólica con la plantación de especies nativas y exóticas, evitando la proliferación de cárcavas, bajos, el aumento de salinidad de los suelos.
“Somos, después de Misiones, la segunda provincia con mayor cantidad de hectáreas protegidas del país”, dijo De la Sota, quien destacó la creación de la Policía Ambiental para unificar el control y la fiscalización en materia ambiental de todas las áreas del Estado, como así también la obligatoriedad de contratar seguros ambientales que hemos establecido para todas aquellas actividades que impacten o puedan tener impactos ambientales, crea un requisito de remediación o de reparación frente a un eventual daño.
Asimismo, el mandatario anunció que en el primer trimestre de este año se terminará la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos del Departamento Río Cuarto y recordó que durante el 2012 se puso en marcha las plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos de los Departamentos General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Calamuchita y se avanzó en la eliminación de basurales a cielo abierto en más de 45 poblaciones de esos departamentos.
En el área metropolitana, continuó De la Sota, la Provincia contribuyó con la conformación de CORMECOR S.A. en donde la ciudad de Córdoba y las ciudades de los departamentos Colón y Santa María encontrarán soluciones a los enormes basurales a cielo abierto que hay en la actualidad.
Luego recordó que la Provincia aportará los recursos necesarios para la compra de los terrenos donde funcionará la planta y aportará el asesoramiento técnico necesario para su puesta en funcionamiento.
Finalmente en materia ambiental, De la Sota sostuvo que durante el 2012 se resolvió declarar la caducidad de todos los permisos de extracción de áridos, como así también la caducidad de todos los permisos de uso en todos los espejos de agua de la provincia, protegiendo así el ambiente y el derecho constitucional del libre acceso de las personas a los cursos de aguas.