En la Legislatura de Córdoba se sancionó la Ley provincial 10.618 de Simplificación y Modernización de la Administración Pública, referida a la norma impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El proyecto apunta a instrumentar las políticas de modernización con la finalidad de brindar un servicio público con mayor calidad, eficiencia, transparencia, sencillez y celeridad.
Sobre la Ley
Un estudio del BID (2018) indica que el argentino demora 5 horas en realizar un trámite. Esto implica la necesidad de ejecutar reformas en los procedimientos internos de la gestión pública a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, el uso e incorporación de la ciencia y la tecnología, garantizando la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento igualitario.
Resulta imprescindible la utilización y aplicación de las constantes mejoras en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e Internet, como herramientas que favorecen el vínculo y la participación entre la Administración y el Ciudadano, logrando una mayor eficiencia, economía y transparencia en la gestión pública.
Diez principios fundamentales de la Ley
El devenir de los avances tecnológicos, la digitalización de las transacciones, el acceso universal a Internet, la generalización de tramites a distancia y la necesidad de eliminar el papel como soporte de expedientes, han tornado imprescindible a la actualización y adaptación de las reglas que rigen el procedimiento administrativo, con las consecuentes modificaciones normativas basadas en los siguientes principios:
Administración electrónica: implica desarrollar la función administrativa mediante uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), por medios electrónicos y/o digitales. La incorporación de TIC permite el registro sistematizado de actividades, trazabilidad y disponibilidad de datos para la gestión. También ayuda a agilizar y programar la actividad administrativa.
Expediente digital: el objetivo es eliminar el papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones de la Administración. Esto permite ahorrar tiempos y recursos por archivado y envío físico de expedientes entre áreas y dependencias públicas. La documentación digital facilita su búsqueda y gestión. A su vez, es sustentable con el medio ambiente.
Identidad digital: está orientado a generar un registro de identidad digital a través de la plataforma “Ciudadano Digital” (CiDi) para personas que actúen ante la Administración, agentes y funcionarios públicos. La identidad digital es personalísima e intransferible por parte del titular. Actualmente, ya son 1,5 millones las personas que están registrados digitalmente mediante esta plataforma.
Firma electrónica y digital: establece que los documentos que requieran de la firma de su emisor deberán ser suscriptos con firma electrónica o firma digital. La firma tendrá eficacia jurídica y valor probatorio. El uso de esta herramienta facilita y agiliza la implementación del expediente digital. Como antecedente a esto, el Gobierno de la Provincia ya funciona como Autoridad de Registro de firma digital.
Domicilio electrónico: se establece que toda persona deberá tener registrado ante la Administración un domicilio electrónico. Esto le otorga valor legal a las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen, con ahorro de tiempo de gestión de expedientes y de recursos.
Gestión a distancia: promueve mecanismos de tramitación digital o electrónica a distancia, sin requerir la presencia física. Facilita y simplifica la interacción de las personas con la Administración de forma inclusiva.
Protección a personas vulnerables: Se establece mecanismos de excepción para aquellas personas que se consideren vulnerables a los efectos tecnológicos y de aplicación de la ley.
Audiencias públicas electrónicas: establece que las Audiencias públicas podrán ser realizadas por video conferencia o por cualquier otra vía de comunicación digital. Garantiza el mayor grado de accesibilidad y participación por parte de las personas.
Interoperatividad e Interconectividad: todos los órganos o entes comprendidos en la presente Ley deberán intercambiar y compartir la información generada y disponible en cada una de ellos. Unificación de datos de la administración y el ciudadano. Se orienta a no pedir información que ya se solicitó por algún área o dependencia de la Administración, con las restricciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales.
Notificación electrónica: consiste en un comunicado digital que se realiza mediante la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi). Una de las ventajas es que el tiempo promedio se redujo considerablemente, antes el promedio para que el ciudadano tome conocimiento de una resolución era 97 días, ahora sólo 48 horas.