El testimonio de una olvidada rebelión comunera

Cuando un grupo de criollos de Villa de Pocho destituyó a José de Isasa, la máxima autoridad virreinal de la zona, y proclamó que a partir de ese momento no serían gobernados por “ningún europeo”, faltaban más de tres décadas para el inicio de la Revolución de Mayo de 1810.

El episodio ocurrió en el poblado de Traslasierra en 1774 y fue protagonizado por unos 200 criollos que se rebelaron bajo la denominación de “el común”. El hecho es poco conocido, pero el Archivo Histórico de la Provincia conserva un valioso testimonio de la protesta libertaria: un petitorio escrito por los rebeldes con sus demandas al Cabildo cordobés, sede del poder político colonial.

Los criollos pusieron en el papel una serie de condiciones entre las que se contaban el desplazamiento de De Isasa y el rechazo a ser gobernados por europeos; también pedían terminar con impuestos abusivos que cobraba la corona, el pago de un retribución cada vez que estuvieran al servicio de las tropas reales y el perdón de las autoridades por la rebelión, entre otras demandas.

La escritora Isabel Lagger, que investigó el tema y publicó en 2014 la novela histórica Territorio de Conquistas -que tiene como trasfondo el levantamiento serrano- sostiene que el Pacto de Los Chañares es un documento histórico de gran valor, que se anticipó varios años a las luchas independentistas que permitieron romper los lazos coloniales y fundar la nación.

Como señaló Lagger, los criollos tomaron conciencia de la fuerza que les daba actuar colectivamente. Ese sentimiento aparece en la cláusula ocho del Pacto, donde piden a las autoridades que “no culpen ni hagan cargo a nadie” individualmente de “haber levantado a este común”. Como sugiere el petitorio, el responsable es el sujeto colectivo, “el común”.

Para poner en perspectiva lo ocurrido hace 241 años, la autora destacó que la rebelión serrana se produjo cuando “aún no se había declarado la independencia de los Estados Unidos, ni había estallado la Revolución Francesa y restaban cuatro años para que se produjera el nacimiento del general San Martín”.

Pacto de Los Chañares (gentileza Archivo Histórico Provincial)

Los hechos

El detonante del levantamiento fue el remplazo del cura párroco Simón Tadeo Funes, dispuesta por el Episcopado. El 3 de abril de 1774, los criollos se reunieron en torno a la capilla de Villa de Pocho para resistir la medida. Paradójicamente, fue De Isasa quien organizó esa  protesta, invocando el derecho de “el común” a participar en ese tipo de decisiones.

En efecto, la figura de “el común” fue una concesión del rey Carlos III que implicaba la participación de un representante popular en los órganos legislativos de las comunas de más de 2.000 habitantes. Mecanismo que, según puntualiza Lagger, se implementaba en España.

De Isasa promovió la idea de “el común” entre los milicianos y vecinos de la zona. Pero la rebeldía le duró poco al mandamás virreinal. Ante la amenaza de ser enviado al Tribunal de la Inquisición, De Isasa buscó frenar la protesta. Por esta traición, los rebeldes lo tomaron prisionero y lo mandaron a San Luis de la Punta (hoy San Luis).

Los criollos eligieron a uno de los suyos, Basilio Quevedo, como líder, y redoblaron la apuesta. Con la fuerza que sentían al actuar colectivamente, comenzaron a impugnar las condiciones impuestas por el poder real.

Mientras tanto las noticias del levantamiento llegaron a la ciudad de Córdoba. En una primera instancia, el Cabildo buscó pacificar la protesta y el 14 de abril envió a un mediador, Juan Tiburcio Ordoñez, para que se reuniera con los criollos.

En el encuentro, que se produjo en los alrededores de la Capilla de Pocho, los rebeldes sorprendieron a Ordoñez con el petitorio escrito en el que plasmaron sus exigencias.  El 28 de abril el mediador virreinal aceptó las condiciones impuestas por los serranos y firmó el documento, el llamado Pacto de Los Chañares.

Algunos datos históricos ponen en contexto el episodio. En esa época Córdoba pertenecía al virreinato del Alto Perú, y la zona donde se produjo el alzamiento formaba parte del Curato de Traslasierra, donde estaba destinado uno de los cinco regimientos que custodiaban la frontera cordobesa. Hasta su captura, De Isasa era el jefe militar y político de la zona (tenía el grado de Maestre de Campo), secundado por José Tordesillas, la autoridad judicial, que también fue apresado por los rebeldes.

En un trabajo sobre este episodio, Prudencio Bustos Argañarás (1), integrante de la Junta Provincial Histórica, brindó más detalles: “Los abusos y arbitrariedades cometidos por De Isasa y por Tordesillas provocaron la sublevación de las milicias en su contra (…) Los sublevados contaban con la complicidad de importantes estancieros de la región, como don Enrique de Olmedo, don Joaquín Güemes Campero y también del presbítero don Bartolomé Moreno y del maestre de campo don Gregorio de Arrascaeta”.

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Un «atroz delito»

El acuerdo alcanzado por el mediador virreinal y los rebeldes fue rechazado algunas semanas después por el Cabildo. Durante ese lapso, se sucedieron los contactos entre los serranos y las autoridades. Si bien la postura de los rebeldes era firme, nunca plantearon romper con la corona española; como acotó Lagger, su objetivo era poner fin a las injusticias en Villa de Pocho.

Sin embargo, para el Cabildo la movida representó un desafío a su poder o quizás algo peor: la posibilidad que la rebelión se replicara en otras zonas de la provincia, donde la realidad no era muy distinta a la que vivían los pobladores de Traslasierra.

Por ello calificó al pacto como “de la mayor gravedad (…) los que son delincuentes del atroz delito de sublevados  (…) con el pernicioso ejemplar de que los demás partidos de la jurisdicción susciten los mismos tumultos”. (2)

El paso siguiente era esperable: el Cabildo envió tropas al mando de José Benito de Acosta para sofocar el levantamiento. Ya en Traslasierra, apostado en la zona de Panaholma, Acosta mandó un emisario para exigirles que depusieran la rebelión y se entregaran, pero los serranos no retrocedieron.

Quevedo y los suyos buscaron otra vía: intentaron reunirse con las autoridades de la capital. Estaban convencidos que si podían explicar -sin emisarios o delegados de por medio- su situación, el Cabildo aprobaría el Pacto de los Chañares. Con esa apuesta, un puñado de hombres, con Quevedo a la cabeza, partió rumbo a la ciudad para hablar con las autoridades. Pero no lo consiguieron. Antes fueron apresados por las tropas de Acosta en la zona de Copina y llevados al Cabildo, pero no para hablar ante la asamblea, sino para terminar en la cárcel, en las celdas subterráneas que más de 200 años después serían cerradas definitivamente.

(1) Informe elevado a la Junta Provincial de Historia por Prudencio Bustos Argarañás (2014)

(2) Op. cit.