En el marco de las 47° Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, el Presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano, presentó un análisis sobre la discriminación que sufren las provincias debido a que el gobierno nacional se apropia de recursos tributarios destinados al financiamiento de la previsión social.
En la presentación se destacó que la derivación de impuestos a la ANSES fue legitimada como un esfuerzo solidario para mejorar la situación de los jubilados y pensionados. Esta estrategia se instrumentó a través de una sucesión de normas que establecieron que, previo a la distribución entre las provincias y la Nación, una proporción de la recaudación impositiva sea derivada a favor de la ANSES.
Sin embargo, estos mecanismos se han desnaturalizado produciendo un importante daño sobre las finanzas públicas provinciales.
En el año 2013 la ANSES contó con recursos para el pago de jubilaciones por $291 mil millones, de los cuales $168 mil millones (58%) provienen de imposiciones sobre los salarios y $123 mil millones (42%) de impuestos con afectación al financiamiento del SIPA (incluyendo el 15% de la coparticipación). En el mismo periodo la entidad pagó $5,8 millones de beneficios por mes ($3,2 millones por reparto y $2,6 millones por moratoria previsional) por un total de $219 mil millones.
De la comparación de ingresos y egresos del SIPA surge una diferencia de más de $70 mil millones. Esto implica que de cada $100 de impuestos que recibe ANSES, destina sólo $41 al financiamiento de jubilaciones y pensiones, mientras que el resto es usado para otras finalidades (ver Gráfico 1).
De los $72 mil millones de impuestos que fueron derivados a la ANSES y no fueron utilizados para pagar jubilaciones, aproximadamente $42 mil millones fueron aportados por las provincias.
Este esquema de financiamiento de la previsión social degrada la organización federal, ya que encubre una ilegítima centralización de recursos fiscales. Ante semejante desnaturalización ganan legitimidad los planteos judiciales de los gobiernos provinciales tendientes a recuperar al menos parte de los fondos que ilegítimamente son apropiados por el Gobierno Nacional.