En lo que se considera dar un paso adelante en la calidad institucional y en la transparencia de las compras y contrataciones del Estado provincial, la ministra de Administración y Gestión Pública, Mónica Zornberg, expuso en la mañana de hoy, en la sala Regino Maders de la Unicameral, los detalles del proyecto de ley “Modernización del Sistema de Compras y Contrataciones – 2013”.
Con esta herramienta, el gobierno provincial trabaja en la modernización del sistema de compras y contrataciones, para lo cual implementará un esquema de subastas electrónicas para que los proveedores del Estado realicen sus ofertas a través de Internet, con excepción de la obra pública.
La funcionaria detalló los alcances y características del nuevo proyecto de ley y además respondió a las preguntas e inquietudes de los legisladores allí presentes, representantes de las comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda.
El nuevo proyecto “permitirá subir un peldaño en el crecimiento institucional, con reglas claras y transparentes, mejorar la calidad de las compras, la utilización de las nuevas tecnologías, buscando eficientizar los recursos del Estado”, explicó la funcionaria provincial.
La iniciativa, que en la apertura de sesiones en el parlamento fue anticipada por el gobernador José Manuel de la Sota, provocará la derogación del actual marco regulatorio, unificando anteriores leyes y decretos bajo la regulación de una Dirección General de Compras y Contrataciones. Esa dependencia será un órgano rector que supervisará los procedimientos en el ámbito del ministerio de Administración.
La novedosa experiencia, que ha cimentado sus bases en similares políticas aplicadas en distintas partes del mundo (Chile, Ecuador, Brasil, Panamá y Paraguay), podría comenzar a aplicarse antes que finalice 2013, cuando el Gobierno provincial concrete las primeras compras mediante subastas en Internet.
Entre las principales características del proyecto se destaca:
-El proceso nacerá con el pedido interno de compra y la identificación del producto en el catálogo oficial.
-Se publicará la demanda y los proveedores inscriptos podrán realizar ofertas abiertas on line durante un plazo que no excederá los 5 o 7 días, tras lo cual se contratará el mejor precio.
-La Provincia hará sus compras mediante subastas en Internet.
-Aplicará esa modalidad en operaciones de hasta $ 1,5 millón, en una primera etapa. Posteriormente se incluirá la contratación de servicios y también la venta de bienes del Estado.
– Incluirá la venta de bienes y contratación de servicios.
-Dará un salto tecnológico para redefinir procedimientos de selección de operaciones.
-Incorpora nuevos criterios para contratar y se creará una Dirección General de Compras y Contrataciones.
– Elabora un catálogo único de bienes y servicios, que tomará como base el del Sistema Único de Administración Financiera (Suaf), con unos 15 mil ítems, adaptado al modelo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
-Pondrá en marcha un padrón electrónico de proveedores. En el registro actual predominan las empresas que participan en licitaciones públicas.
-La Provincia contará con un portal web de compras y contrataciones para todo propósito a través del cual se vehiculizarán los remates públicos.
Además, y si bien la oferta económica seguirá siendo la principal variable, Zornberg aclaró que “se incorporan criterios sustentables que pesarán cuando haya, por ejemplo, dos o más precios similares. En estos casos, la Provincia tendrá en cuenta aspectos de responsabilidad social y ambiental”, añadió.
Se calcula que la nueva ley regulará compras y contrataciones anuales que equivalen a unos 10 mil millones de pesos, es decir, casi un tercio del presupuesto provincial.
También se prevé que entre los procesos de compra se sumarán las compulsas abreviadas, similar al concurso de precios con pliegos privados y un mínimo de tres ofertas diferentes. En este caso, las operaciones no podrán ser por montos mayores a un millón de pesos.
La nueva ley también regulará las contrataciones con orden de compra cerrada o abierta, las iniciativas privadas y la cancelación de contratos onerosos con bienes.
Aunque el ámbito de aplicación obligatoria es toda la administración, la nueva normativa no incluye las contrataciones de obra pública ni empleo, entre otros limitantes. Sí regulará el resto de las adquisiciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Tribunal de Cuentas; y Defensoría del Pueblo. En tanto, será de aplicación supletoria en empresas públicas, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado, y entes autárquicos.