En el marco de una campaña de control del régimen de Monotributo Unificado Córdoba (MUC) que lleva adelante la Dirección de Policía Fiscal (DPF), sobre un universo de 5.351 contribuyentes inscritos como profesionales, 2.000 presentaron en tiempo y forma la documentación requerida. De esta manera, continuarán exceptuados del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB).

Se trata del 37% de la base de contribuyentes de este segmento que se fiscalizó entre noviembre y diciembre del 2018, para comprobar que el encuadramiento de su actividad sea consistente con la exención de IIBB.

El régimen de Monotributo Unificado prevé que pequeños contribuyentes paguen de una sola vez la carga impositiva que les corresponda por el sistema nacional, la de Ingresos Brutos y las tasas municipales. Córdoba fue la primera provincia en ponerlo en marcha, a mediados del año pasado, y a continuación lo hicieron Mendoza y Entre Ríos.

Ahora, a efectos de cumplir con el objetivo de una política tributaria equitativa, la DPF inició un proceso de control para identificar actividades económicas que, siendo pasibles de pagar Ingresos Brutos, están solapadas bajo el concepto de prestación de servicios profesionales.

Con este objetivo, se fiscalizó sobre el final del año pasado un total de 5.351 contribuyentes que desempeñan su actividad en la provincia, de los cuales 2.000 demostraron con documentación pertinente que están exceptuados del tributo. Los 3.351 restantes continúan bajo proceso de fiscalización por ausencia de respuestas o inconsistencias de las mismas. En enero, la DPF lanzó una tercera campaña, que abarcó otros 2.662 profesionales, y cuyos resultados están en etapa de procesamiento.

En la provincia de Córdoba existen algo más de 100.000 profesionales matriculados, pertenecientes a 30 diferentes colegios y asociaciones. Se estima que unos 10.000 casos de ese total se someterán a este mecanismo de control.

“Parte de nuestra misión es garantizar un ecosistema tributario justo y equitativo, donde todos los actores que ejercen una actividad económica alcanzada por un impuesto, lo paguen en tiempo y forma, sin valerse de mecanismos de elusión”, afirmó el director de Policía Fiscal, contador Adolfo Bringas. “Al mismo tiempo, también estamos comprometidos con mantener las excepciones que el sistema tributario prevé, y con hacer cada vez más ágil, fácil y seguro que el ciudadano pueda regularizar su situación ante el fisco”, agregó el funcionario.

La Dirección de Policía Fiscal, organismo dependiente del Ministerio de Finanzas, proyecta este año una recaudación de $1.200 millones. Esta cifra implica un incremento de 32,45% respecto de la obtenida en 2018.


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