La Provincia aprobó el proyecto de reforma de la actual Ley de Compras y Contrataciones (N° 10.155), que adecua disposiciones relativas a procedimientos de selección y unifica el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) y el Registro de Constructores de Obras Públicas (RCO), bajo el nombre del primero.
El aspecto más novedoso de la reforma es la incorporación de pautas para promover contrataciones con proveedores de la Economía Popular, acercando de esta manera las Compras Públicas a pequeños emprendedores. Esta medida tiene como objetivo disminuir la brecha entre las grandes empresas y los sectores más vulnerables de la región.
La medida viene a plasmar lo anunciado por el gobernador Juan Schiaretti, sobre las facilidades que otorgará la Provincia para este sector de trabajadores; y lo ordenado por la Ley de Presupuesto Anual para el año 2019, en cuanto procura que el cinco por ciento de las compras y contrataciones que realice el Estado Provincial, se concreten con proveedores de bienes y/o servicios a pequeña escala que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Para la implementación de esta nueva práctica, los organismos provinciales podrán celebrar contrataciones directas con trabajadores de este sector -ya sea individualmente considerados o asociados bajo cualquier modalidad jurídica-, quienes estarán a su vez exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El proyecto fue resultado del trabajo en conjunto de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y de la Secretaría de Ingresos Públicos y la Dirección General de Compras y Contrataciones, estas dos últimas dependientes del Ministerio de Finanzas a cargo de Osvaldo Giordano, teniendo como meta garantizar el acceso de los proveedores a los procedimientos de selección y a reforzar las fuentes de trabajo existentes en el ámbito privado.