La pensión es el beneficio previsional que cubre la contingencia de muerte. Tienen derecho a acceder a ella la pareja del jubilado y los hijos menores de edad o discapacitados.
La norma establece expresamente que para acceder a la pensión la pareja tiene que acreditar la convivencia durante los últimos 2 o 5 años, dependiendo de si tuvieron o no hijos respectivamente. La experiencia demuestra que las mayores posibilidades de fraude se dan tanto porque el beneficio es solicitado planteando concubinatos inexistentes o por cónyuges que al momento del fallecimiento estaban separados de hecho.
Para minimizar riesgos la Caja dispuso un mecanismo de control basado en la intervención de profesionales que cuentan con conocimiento y manejo de las mejores herramientas técnicas disponibles a los fines de evaluar la convivencia.
En el año 2014 la Caja registró el fallecimiento de un total de casi 2.100 jubilados, de los cuales aproximadamente la mitad derivó en una solicitud de pensión. Esto generó la necesidad de procesar 1.055 solicitudes de pensiones. De ellas, en el 95% fue acreditado el derecho a la pensión por considerarse que se cumplían los requisitos que fija la norma.
En total se rechazaron 55 solicitudes. En el 56% de los casos se trata de cónyuges que estaban separados de hecho, el 33% fueron solicitudes planteadas por convivientes que no pudieron acreditar tal condición, mientras que el 11% restante de los rechazos se generaron por otros motivos (fundamentalmente relacionados con hijos del fallecido).
El 84% de las solicitudes rechazadas corresponden a mujeres. La edad promedio de estas solicitantes es de 62 años. De haber accedido al beneficio, cálculos demográficos permiten estimar que estas personas habrían cobrado la pensión durante 23 años en promedio. Haber pagado durante 23 años la pensión (que se calcula como un porcentaje de la jubilación de la persona fallecida) implica un compromiso de erogación del orden de los $2,8 millones (a valores de diciembre de 2014).
El 16% restante corresponde a solicitudes presentadas por varones cuya edad media ronda los 57 años. Para este grupo se proyecta una esperanza de vida promedio de 23 años. Las erogaciones evitadas por cada una de las solicitudes rechazadas rondan aproximadamente los $1,5 millones.
Teniendo en cuenta que durante el año se denegaron 46 pensiones a mujeres y 9 a varones se puede estimar el ahorro como consecuencia de evitar irregularidades en el otorgamiento de las pensiones del orden de los $143 millones.
Durante la presentación de estos datos el presidente de la Caja Osvaldo Giordano señaló que “las mejoras en los procedimientos de gestión permiten acortar y dar previsibilidad de los trámites. Pero además permiten fortalecer los controles reduciendo los riesgos de irregularidades. Se trata de un aporte muy relevante a favor de la sustentabilidad financiera del sistema”.