• Clausura de un consultorio veterinario en ciudad de Córdoba
  • Máquina pulverizadora secuestrada por no cumplir con la reglamentación vigente

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, continúa llevando adelante operativos en el marco de la Ley provincial 9164 de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario, de la ley N° 5142 y su modificatoria N° 6429, de Ejercicio de la Medicina Veterinaria.

Como resultado de varios procedimientos, a los cuales se llegó por datos aportados en diferentes denuncias realizadas al 0800-8888-AGRO, se detectaron cuatro máquinas pulverizadoras y un consultorio veterinario que no cumplían con las normativas vigentes.

Por falta de inscripción y habilitación (Ley 9164), se clausuraron en zona rural cuatro máquinas pulverizadoras, una de arrastre en la localidad de Esquina (departamento Río Primero), y tres autopropulsadas: dos en Cruz del Eje y una en Ballesteros (departamento Unión).

Zooterápicos

En el caso del operativo de control realizado en Córdoba Capital, se clausuró un consultorio veterinario por no contar con un profesional regente y por la venta ilegal de productos zooterápicos. Frente a la constatación de estas faltas, también fueron interdictados los medicamentos, tanto los que se encontraban a la venta como aquellos que eran utilizados en el consultorio.

Es importante destacar que la regencia de un médico veterinario habilitado en este tipo de comercios es un requisito obligatorio impuesto por la ley N° 5124. Además, debe estar inscripto en el registro de Matrícula Profesional del colegio correspondiente.

Y en el caso de los productos, medicamentos, sueros o vacunas de usos veterinarios y destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales, no pueden expenderse en establecimientos comerciales o industrias que no cuenten con la dirección técnica de un médico veterinario.

En cada operativo, se iniciaron los procedimientos administrativos a fines de determinar las sanciones establecidas en las normas correspondientes.


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